Wolfgang Grozo demanda a Fernando Olivera por fuerte acusación en debate presidencial
El enfrentamiento entre candidatos durante el último debate presidencial escaló más allá del intercambio de palabras. Wolfgang Grozo Costa anunció que ya puso en marcha acciones legales por difamación, tras las acusaciones que lo vincularon con redes de corrupción y narcotráfico. El pronunciamiento se formalizó mediante un comunicado oficial, donde rechaza los señalamientos y advierte consecuencias judiciales.
Inicialmente el candidato evaluaba presentar una demanda tras lo ocurrido en el primer debate presidencial. Sin embargo, su reciente mensaje confirma un cambio de postura: el proceso legal ya está en curso, lo que marca una nueva etapa en la controversia política.
Acusación en debate y rechazo
Durante el debate presidencial, Fernando Olivera lanzó acusaciones directas que generaron tensión en el escenario político. Entre ellas, mencionó presuntos vínculos de Grozo con Vladimiro Montesinos y el narcotráfico, lo que provocó una respuesta inmediata del candidato.
En su comunicado, el candidato fue enfático al señalar: "Es falso", en referencia a las imputaciones. Además, explicó que en el periodo mencionado era cadete y se encontraba en sus primeros años como oficial de la Fuerza Aérea del Perú, información que —según indicó— puede ser verificada por cualquier ciudadano.
El documento también sostiene que lo ocurrido no forma parte de un debate legítimo, sino de afirmaciones sin sustento. "Calumniar no es hacer política. ¡Es un delito!", se lee en el encabezado del pronunciamiento, marcando una postura firme frente a las acusaciones.
Caso pasa al ámbito judicial
El comunicado no solo rechaza las declaraciones, sino que también sustenta la decisión en el marco legal vigente. Grozo señala que la difamación es un delito contemplado en el Código Penal peruano, y que puede ser sancionado con pena privativa de la libertad y reparación civil.
Asimismo, menciona que la Constitución protege el derecho al honor y a la buena reputación, lo que refuerza su decisión de acudir a la vía judicial. En ese sentido, el candidato afirma que "las acciones legales ya están en marcha", confirmando que el caso dejó de ser una advertencia para convertirse en un proceso formal.
Otro punto que resalta es el destino de una posible compensación económica. Grozo indicó que cualquier reparación civil será destinada a programas de apoyo a personas vulnerables, lo que busca dar un enfoque social a la medida adoptada.
El conflicto evidencia cómo las tensiones del debate pueden escalar rápidamente cuando se presentan acusaciones graves sin pruebas. Las acciones legales por difamación, el debate presidencial y las acusaciones sobre Montesinos y narcotráfico se consolidan como ejes del caso, que ahora seguirá su curso en el ámbito judicial.