Congreso de la República inhabilita por diez años a Delia Espinoza por presunta infracción constitucional
El Congreso decidió sancionar severamente a la exfiscal de la nación, Delia Espinoza. Esto luego de una intensa sesión plenaria donde se debatieron faltas graves contra la Constitución Política. La decisión marca un hito relevante en el control político sobre los altos mandos del Ministerio Público.
El impacto de la inmunidad parlamentaria
La votación llegó a alcanzar los dos tercios de votos necesarios para ratificar la sanción contra la exfiscal suprema. El resultado final de la votación registró setenta votos a favor, dieciocho en contra y dos abstenciones, lo cual permite la aplicación inmediata de la inhabilitación retribuida.
El portal del Congreso indica que la denuncia se originó por los informes constitucionales 563 y 618 acumulados. Estos documentos fueron impulsados por los parlamentarios Kira Alcarraz y José Cueto, quienes cuestionaron la decisión de Espinoza de denunciar constitucionalmente a once miembros del Parlamento.
El sustento del informe indica que la actual decana del Colegio de Abogados de Lima habría vulnerado el artículo 93 de la Carta Magna al investigar a legisladores por sus votos. También sostiene que los congresistas gozan de inviolabilidad y no responden ante ninguna autoridad judicial por las opiniones emitidas durante su gestión institucional.
La acusación parlamentaria resalta que la actuación de Espinoza excedió los límites del poder estatal fijados en el artículo 45 constitucional. Asimismo, el informe final señala que se afectaron principios del debido proceso y la debida motivación que están contemplados en el artículo 139 de nuestra ley.
Argumentos del debate en el Pleno
Durante la sesión, el congresista Alejandro Aguinaga defendió las prerrogativas de sus colegas y cuestionó el proceder de la magistrada. Aguinaga argumentó que el artículo 93 es sumamente claro al señalar que los representantes de la nación no están sujetos a mandatos imperativos ni interpelaciones.
En esa misma línea, el legislador Eduardo Salhuana manifestó que la denuncia de Espinoza se enfocó directamente en la actuación parlamentaria de sus colegas. Salhuana precisó que la denuncia fiscal mencionaba textualmente los votos de la comisión que participó en el debate de un proyecto de ley.
El origen de la controversia fiscal se remonta a una denuncia previa contra parlamentarios vinculada a la contratación de pensionistas militares. Los legisladores sostuvieron que procesarlos por votar un dictamen sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional representó una interferencia directa en sus funciones legislativas primordiales.
La medida legislativa impone una barrera de una década para que la abogada pueda ocupar cualquier cargo dentro del aparato estatal peruano. Esta resolución legislativa de inhabilitación por diez años a Delia Espinoza por infracción constitucional busca reafirmar la protección jurídica sobre los votos emitidos en el Congreso.