Fernando Rospigliosi apela fallo por uso indebido de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, presentó un recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para revertir la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo, que lo responsabiliza por una infracción a la neutralidad electoral. El motivo: el uso de una cámara institucional en ul mitin donde Keiko Fujimori.
El documento del JEE, emitido el 13 de noviembre, señala que Rospigliosi, en su calidad de primer vicepresidente encargado de la presidencia, incurrió en una conducta omisiva, al no impedir el uso de recursos estatales con fines proselitistas.
"Tenía el deber de cautelar el patrimonio estatal y garantizar que ningún recurso sea utilizado de manera indebida", se lee en la resolución.
Apelación y defensa
La apelación, difundida por el periodista Carlos Viguria, sostiene que la infracción "no guarda correspondencia típica con la conducta sancionada" en el Reglamento de Propaganda Electoral. Según el escrito, no hubo un acto concreto de favorecimiento político, sino una presunta omisión. Rospigliosi argumenta además falta de tipicidad, prueba mínima y ausencia de motivación.
El legislador ha solicitado el archivamiento definitivo del expediente y designó como abogado defensor a Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional.
Funcionarios implicados y descargos
El JEE también responsabilizó al director general del Parlamento y a Daniel Luza Amésquita, funcionario encargado del traslado del equipo. Luza, quien renunció tras el escándalo, declaró que tomó la cámara por un "error involuntario", al confundirla con una personal en su salida dirigida a Trujillo para asistir al evento de Fuerza Popular.
El excolaborador parlamentario afirmó que retiró el equipo audiovisual sin pasar por revisión en la salida del recinto por su antigüedad en el Congreso y que la devolvió al día siguiente en buen estado.
Posibles sanciones
De confirmarse la responsabilidad, las sanciones serían administrativas, como multas. Sin embargo, el caso podría escalar si el Ministerio Público determina la existencia de delitos vinculados al uso indebido de bienes públicos.
El caso se desarrolla en un contexto electoral tenso, donde Keiko Fujimori ha oficializado su candidatura y el Congreso enfrenta cuestionamientos por su rol en la campaña. La apelación de Rospigliosi y la defensa de Blume podrían marcar un precedente sobre los límites de la neutralidad estatal en tiempos electorales.