Maali del Pomar propone tipificar el "terrorismo económico" para enfrentar extorsiones
Maali Del Pomar, vicepresidenta del Parlamento Andino, planteó revisar la respuesta penal frente al crimen organizado y promover la figura del "terrorismo económico". La propuesta busca incluir esta modalidad en la legislación y fortalecer la respuesta estatal ante extorsiones, cobros de cupos y acciones violentas.
Del Pomar se reunió el 1 de septiembre con el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, para impulsar la propuesta. La iniciativa será presentada para debate y votación durante la sesión plenaria del Parlamento Andino, prevista para el 14 de septiembre.
Terrorismo económico y crimen organizado
La propuesta busca que el "terrorismo económico" sea incorporado como figura penal en los códigos de los países andinos. El planteamiento comprende cobros de cupos, extorsiones y amedrentamiento, cuando estas acciones utilizan violencia para obtener beneficios económicos.
"Se trata de enfrentar la instrumentalización de la violencia para generar miedo y obtener ventaja económica. Hablamos de cobro de cupos, extorsiones y amedrentamiento", declaró.
Del Pomar señaló que estas acciones utilizan mecanismos similares a los asociados con el terrorismo político, entre ellos amenazas sistemáticas y conmoción social. La diferencia planteada está en la finalidad: mientras el terrorismo político busca poder político, el terrorismo económico tendría como objetivo obtener lucro.
En entrevista con Exitosa, Del Pomar sostuvo que una nueva tipificación permitiría contar con un marco para la participación de las Fuerzas Armadas como apoyo frente a organizaciones criminales. También señaló que la Policía está sobrepasada en distintos países de la región, según explicó durante la conversación.
Participación de las Fuerzas Armadas
En ese contexto, la propuesta plantea fortalecer la respuesta de las instituciones estatales frente a delitos que utilizan violencia para generar temor. Según el planteamiento expuesto, la participación de las Fuerzas Armadas estaría vinculada con las herramientas legales que sean aprobadas por los países andinos.
El debate también comprende la diferencia entre crimen común, crimen organizado y terrorismo, así como el tratamiento legal de delitos como extorsión y secuestro. La discusión parte de nuevas formas de violencia utilizadas por organizaciones criminales para obtener dinero y controlar determinadas actividades económicas andina.
La iniciativa contempla además coordinación entre países de la región andina para responder a nuevas modalidades de criminalidad organizada. El planteamiento será sometido a evaluación del Parlamento Andino, donde los representantes deberán discutir sus alcances antes de una eventual incorporación en sus legislaciones de seguridad.
Según el Congreso de la República, la propuesta busca cerrar un vacío frente a acciones que generan miedo para obtener ventajas económicas. El planteamiento considera que la violencia utilizada con fines de lucro debe recibir una respuesta estatal, dentro de las normas que aprueben los países.