Pedro Castillo denuncia a la presidenta del INPE por violación de la intimidad tras requisas en su celda
El expresidente Pedro Castillo Terrones, actualmente en prisión en el penal de Barbadillo, presentó una denuncia penal contra la presidenta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Shadia Elizabeth Valdez Tejada, y contra el director de seguridad de la sede central, Henry García Malpartida.
La acción legal fue interpuesta a través de su abogado, Walter Ayala Gonzales, y está dirigida al despacho de la Fiscalía Provincial Penal de Lima. En el documento, Castillo sostiene que se vulneraron sus derechos fundamentales durante una requisa realizada en su ambiente dentro del penal.
Denuncian violación a la privacidad
Según su versión, en el operativo se habrían tomado y filtrado fotografías de carácter privado, las cuales luego circularon en medios y redes sociales con el objetivo de distraer la atención pública.
La denuncia se sustenta en cuatro presuntos delitos: violación de la intimidad (artículo 154 del Código Penal), revelación de información reservada (artículo 157), abuso de autoridad (artículo 376) e incumplimiento de deberes funcionales (artículo 377). Castillo afirma que estos actos lo perjudican directamente y constituyen un agravio a su condición de interno.
Este caso se suma a la reciente denuncia presentada por el exmandatario Martín Vizcarra, quien también acusó a personal del INPE por hechos relacionados con la difusión de imágenes privadas durante su reclusión. Ambos procesos ponen en debate la forma en que se manejan las medidas de seguridad y la protección de la intimidad de los internos.
Lo que pide la defensa
Castillo solicita que la Fiscalía investigue a los funcionarios involucrados y determine responsabilidades. Además, exige que se garantice la protección de la privacidad del expresidente, señalando que las requisas deben realizarse conforme a la ley y sin vulnerar derechos fundamentales.
La denuncia abre un nuevo frente de tensión entre el exmandatario y las autoridades penitenciarias. Mientras Castillo enfrenta una condena y procesos judiciales por los hechos ocurridos durante su gobierno, ahora busca que se sancione lo que considera un abuso dentro de su reclusión.
El caso también plantea interrogantes sobre los protocolos internos del INPE y la necesidad de reforzar mecanismos de control para evitar filtraciones de información sensible.
Con esta acción, Pedro Castillo se suma a la lista de exmandatarios que cuestionan públicamente el accionar del sistema penitenciario, en un contexto donde la transparencia y el respeto a los derechos humanos de los internos se convierten en temas de creciente debate.