Procuradora Silvana Carrión responde ante comisión del Congreso: "No hubo favorecimiento a Odebrecht"
La procuradora pública ad hoc para el caso Odebrecht, Silvana Carrión, brindó declaraciones a la prensa luego de presentarse ante la Comisión Investigadora Multipartidaria del Congreso, presidida por el congresista Alejandro Muñante, que revisa los acuerdos de colaboración eficaz firmados entre el Estado peruano y empresas implicadas en actos de corrupción.
Durante su intervención, Carrión fue enfática al afirmar que no hubo favorecimiento alguno en el proceso con la empresa brasileña Odebrecht. "El acuerdo fue aprobado controlando la legalidad del mismo, en base a lo que la norma propia autorizaba a cada una de las autoridades", declaró.
¿Fue legal el acuerdo con Odebrecht?
Silvana Carrión explicó que el acuerdo de colaboración eficaz fue sometido a un control de legalidad por el Poder Judicial, y que tanto la Fiscalía como la Procuraduría actuaron conforme al marco normativo vigente. Además, aclaró que el documento incluye una cláusula que obliga a Odebrecht a entregar de forma continua información útil para las investigaciones fiscales, lo cual sigue cumpliéndose.
"El acuerdo fue aprobado por el Poder Judicial luego de un proceso de revisión exhaustiva. No hubo ningún tipo de irregularidad", precisó, y añadió que el convenio permitió al Ministerio Público acceder a información clave para procesos penales relacionados con obras públicas y el financiamiento de campañas políticas.
¿Cuánto dinero ha recuperado el Estado peruano?
La procuradora destacó que como resultado del acuerdo se han recuperado S/ 310 millones por concepto de reparación civil, cifra que representa casi la mitad del monto total comprometido por la constructora brasileña.
"310 millones de soles no es poca cosa para un caso de corrupción", señaló. También subrayó que, a diferencia de otros países donde los pagos se han suspendido, en Perú los desembolsos se siguen ejecutando conforme a lo pactado.
El acuerdo con Odebrecht fue suscrito en 2019 y ha sido utilizado como herramienta legal en diversas investigaciones sobre corrupción de funcionarios, especialmente en megaproyectos de infraestructura. La Comisión Multipartidaria del Congreso continuará con la recepción de declaraciones e informes en el marco de su labor de fiscalización.
Mientras tanto, las autoridades del sistema de justicia, como la Procuraduría y la Fiscalía, defienden la legalidad y utilidad del acuerdo con Odebrecht, cuyo impacto se refleja tanto en la recuperación de recursos públicos como en el avance de investigaciones penales que comprometen a exfuncionarios y empresarios.