CNDDHH denuncia que "ley de lesa humanidad" aprobada en el Congreso abre camino a la impunidad
La Comisión de Constitución del Congreso probó un dictamen que incorpora el "delito de lesa humanidad" al Código Penal, pero cuya formulación estaría restringiendo la persecución penal de los crímenes ocurridos antes de la vigencia del Estatuto de Roma en el Perú.
Postura de la CNDDHH
Esta ley , según la organización, "constituye un grave retroceso para el derecho a la verdad y la justicia en el Perú " . La ONG advierte de que la norma busca otorgar beneficios de prescripción a los responsables de violaciones sistemáticas de derechos humanos .
Esta institución expresa que considera estos hechos como "delitos comunes" contradicen los estándares internacionales y la jurisprudencia de la Corte IDH. Dicen que tal decisión contrarresta las obligaciones del Estado peruano de investigar y sancionar la ejecución extrajudicial y la desaparición .
La organización advierte que el proyecto compromete la responsabilidad internacional del Perú y envía un mensaje de desprotección absoluta hacia las víctimas. Sostienen que la memoria y la justicia no deben prescribir, exigiendo una vigilancia democrática firme frente a lo que consideran una ley de impunidad.
El pronunciamiento enfatiza que los ataques contra la población civil no pueden ser tratados como criminalidad ordinaria debido a su naturaleza sistemática y generalizada. Para los grupos de derechos humanos, esa legislación pretende terminar procesos penales abiertos que involucran a exmiembros de las fuerzas del orden.
Enfoque de la ley
Según el texto aprobado en la comisión parlamentaria, el objetivo principal es adecuar la normativa nacional al principio de legalidad penal. Los impulsores del proyecto argumentan que no se puede aplicar de forma retroactiva una tipificación que no existía formalmente en la legislación peruana interna antes de la ratificación.
La propuesta legislativa establece que los delitos cometidos antes del año 2002 no pueden ser calificados como lesa humanidad, basándose en la fecha de ratificación del Estatuto de Roma. Esto implica que dichos casos se regirían por los plazos de prescripción ordinaria del código penal nacional.
Sin embargo, el impacto directo de esta norma alcanzaría a juicios emblemáticos relacionados con el periodo de violencia iniciado en 1980. La aprobación en la comisión es solo el primer paso, pues ahora el debate se trasladará al Pleno del Congreso para su ratificación definitiva.
La controversia sobre el proyecto de ley 14337 mantiene en alerta a la comunidad internacional por el posible incumplimiento de tratados. El futuro de la justicia peruana depende ahora de si prevalece el enfoque técnico del Congreso o la defensa de los derechos de las víctimas de delitos de lesa humanidad.