
15/05/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 15/05/2025
Desde las empresas de intermediación de movilidad digital como DiDi, Uber, Cabify e inDrive, junto a cámaras de comercio y asociaciones de la sociedad civil, manifestamos nuestra profunda preocupación ante la posible aprobación en el Pleno del Congreso del dictamen de la Comisión de Transportes y Comunicaciones sobre el Proyecto de Ley N.º 842. Esta iniciativa busca aplicar al sector de plataformas digitales una regulación diseñada para el servicio público de taxi, desconociendo su naturaleza tecnológica y modelo colaborativo.
Al respecto, es fundamental considerar:
- Que las plataformas de movilidad no son empresas operadoras de transporte, sino empresas tecnológicas de intermediación, cuyo modelo permite conectar a millones de pasajeros con cientos de miles conductores particulares, brindando a estos últimos la libertad de ofrecer sus servicios en función de su tiempo y disponibilidad.
- Este modelo flexible ha permitido que más de 150 mil familias generen ganancias complementarias de forma honesta y autónoma. El dictamen propone reclasificar a las empresas como servicio público tipo taxi, exigiendo cambios de licencia, color de vehículo y otros requisitos típicos de transporte público que desnaturalizan el modelo, generan sobrecostos, limitan el acceso de los usuarios conductores y afectarían la calidad de la movilidad urbana.
- Los impactos de esta sobrerregulación serían múltiples y complejos
- No garantiza mayor seguridad: 64% de los peruanos considera a las plataformas digitales más seguras que los taxis tradicionales, según el IPE, gracias a funciones como monitoreo en tiempo real, botón de emergencia y la opción de compartir el viaje. Exigir las mismas licencias que a los taxis regulados o las combis no se traduce en seguridad.
- No garantiza mayor formalización: las plataformas ya operan bajo un marco legal vigente y utilizan tecnologías avanzadas para pagos bancarizados, filtros de seguridad y validación continua de los usuarios conductores. Imponer más trámites burocráticos no mejorará la formalización, sino que dificultará el acceso a un modelo de negocio eficiente y transparente, afectando la disponibilidad del servicio y la experiencia de los pasajeros.
- Pérdida de ganancias para los usuarios conductores: Al imponer normativas rígidas, trámites y costos adicionales, se limitaría la capacidad de miles de personas de generar ganancias de manera flexible e independiente. A ello se suma la implementación de plazos de adecuación demasiado cortos, que dejarían sin fuente de ganancias a un número importante de usuarios conductores en el corto plazo.
Hacemos un llamado al Congreso a revisar esta propuesta con responsabilidad. Medidas como la suspensión de plataformas digitales sin procedimientos claros afectan el derecho de miles de peruanos a usar tecnologías que ya forman parte de su vida diaria.
El país necesita regulaciones modernas, alineadas con los modelos digitales y las nuevas demandas económicas. Un enfoque rígido afectará no solo a miles de usuarios conductores, sino también al desarrollo responsable y seguro de la movilidad privada en el país. Reafirmamos nuestro compromiso con un entorno regulatorio que promueva la innovación y la libertad económica para todos.