03/02/2019 / Exitosa Noticias / Columnistas / Actualizado al 09/01/2023
La reforma de la justicia es un antiguo anhelo. Hace 15 años tuvimos el honor de integrar la Comisión Impulsora del Acuerdo Nacional por la Justicia, designada por Hugo Sivina Hurtado como Presidente del Poder Judicial. Junto con Raúl Ferrero, Diego García Sayán y Marcial Rubio recorrimos el país organizando audiencias en las capitales y en las provincias a fin de tomar el pulso social sobre cómo desean los ciudadanos el cambio Judicial. Aprobamos un producto final con algunos aspectos similares a los discutidos para la Ley Orgánica de la Junta Nacional de la Justicia, pero la gran totalidad quedó en el tintero al igual que sucedió con la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS), que tampoco vio plasmados en leyes los cambios esforzadamente planteados.
Y es que cada cierto tiempo se renuevan las ilusiones de cambio de la justicia. Los congresistas trataron de superar la cuestionada ejecutoria del Consejo Nacional de la Magistratura y orientarse por la decisión ciudadana manifestada en el referéndum de diciembre pasado. Y lo han logrado.
La idea central sigue siendo fortalecer el Poder Judicial como instancia rectora inspirada en el sentido de responsabilidad y urgencia que devuelva a la justicia peruana credibilidad y confianza. Y por supuesto, perfeccionar las instituciones que integran el sector, entre ellos el Ministerio Público que acaba de afrontar una crisis interna y requiere de mejores elementos legales para defender cabalmente su autonomía.
El Poder Judicial depende en mucho de la reforma aprobada que lamentablemente no es integral. Si bien la JNJ era urgente para continuar los procesos pendientes e iniciar los disciplinarios truncos, lo era sobre todo para definir cómo se nombrarán, ratificarán o destituirán a los jueces. Decisiones que deberían requerir mayor consenso como una votación de dos tercios del pleno directivo.
Respecto de la ratificación y de las evaluaciones intermedias, son tan delicadas que deberían responder a exámenes por capacitaciones efectivas. Mejor aún optar por la evaluación permanente a cargo de la ciudadanía que podría controlarlos como parte del proceso de impartir justicia.
Y en este aspecto procede la reestructuración de la Academia de la Magistratura para convertirla en una Escuela de alta especialización como en los países avanzados donde son claves para los concursos públicos, llamados también de oposiciones. Una Escuela Judicial y Fiscal impulsa la movilidad de los jueces y fiscales en los distintos niveles de la carrera, respetando la dignidad y las capacidades profesionales y éticas.
Punto esencial es el control de jueces y fiscales que debería ser externo y según lo aprobado no lo es. Sigue pendiente y debería ser implementado junto a la paridad de género para la designación de los titulares de la JNJ descartada por pretender que no se concilia con el enfoque meritocrático.
La ley aprobada es perfectible. Ya la tenemos, bajo la presión del tiempo y del Ejecutivo, pero aprobada que es lo importante. Aunque la ansiada reforma integral de la justicia siga pendiente.
