Caso Cayara: Jueces rechazaron prescripción de delitos de lesa humanidad pese a advertencias de Fernando Rospigliosi
La Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria resolvió rechazar el pedido de la defensa de los exmilitares procesados por la masacre de Cayara (1988), que buscaba aplicar la Ley 32107 para declarar la prescripción de los delitos de lesa humanidad.
Con esta decisión, los jueces Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata ratificaron que los hechos deben seguir siendo investigados como crímenes imprescriptibles, en línea con estándares internacionales de derechos humanos.
Presiones políticas previas
Días antes de la audiencia, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, había advertido que los jueces que no aplicaran la ley serían sancionados penalmente por prevaricato. Incluso ingresó a la sala virtual pública donde se desarrollaba la audiencia, lo que fue interpretado como un gesto de presión política.
Po ello, la congresista Ruth Luque presentó una moción de censura contra Rospigliosi, acusándolo de interferir en la justicia. El parlamentario respondió calificando la iniciativa como "completamente absurda" y defendiendo que su ingreso a la audiencia fue como ciudadano.
Asimismo, la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia (JUSDEM) denunció también que las declaraciones y acciones de Rospigliosi constituyen una forma de interferencia política y un atentado contra la independencia judicial. Exhortaron que el control difuso es un mecanismo constitucional y que los magistrados no pueden ser sancionados por aplicarlo.
Rospigliosi reacciona al fallo
Tras conocerse la decisión de la Sala Penal, Rospigliosi publicó un mensaje en su cuenta de X en el que calificó a los magistrados como "jueces politizados y prevaricadores". Acusó que están procesando "ilegalmente después de 38 años a militares que derrotaron al terrorismo" y concluyó con un llamado a "barrer" el sistema judicial y aplicar "soluciones radicales".
La resolución judicial marca un hito en el caso Cayara, reafirmando la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y la autonomía del Poder Judicial frente a presiones políticas. La reacción de Rospigliosi, con duras críticas y llamados a reformas radicales, profundiza la tensión entre el Legislativo y el Poder Judicial y su discusión sobre la vigencia de estándares internacionales frente a leyes nacionales.
El caso sigue siendo un símbolo de las violaciones a los derechos humanos en el país. La decisión de los jueces de rechazar la aplicación de la Ley 32107 confirma la posición del PJ por no proscribir los delitos de lesa humanidad, mientras que las advertencias y posteriores ataques de Rospigliosi evidencian la fragilidad institucional y el choque entre ambos poderes.