Crisis política
19/01/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 19/01/2026
El presidente del Congreso encargado, Fernando Rospigliosi, respondió a la moción de censura presentada en su contra por la congresista Ruth Luque y defendió su actuación frente a la polémica por la Ley 32107, que precisa los alcances del delito de lesa humanidad.
En conferencia de prensa en el Hall de Los Pasos Perdidos, aseguró que su ingreso virtual a una audiencia donde se procesaba a militares en el marco del caso Caraya, que fue interpretado como una forma de presión política contra los jueces para la aplicación de la mencionada ley, en realidad fue como "cualquier ciudadano".
Niega presionar al sistema judicial
Cabe recordar que la moción en su contra alcanza también lo dicho por el parlamentario en referencia a los jueces a cargo del caso de la masacre de Caraya (1988), donde los militares en retiro involucrados vienen siendo procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos contra la comunidad ayacuchana durante un operativo en Erusco.
Rospigliosi acusaba a dichos jueces de tener "pésimos antecedentes" y advertía que, si estos no acataban la Ley 32107 y se negaban amnistiar a los militares, podían llegar a ser "enviados a prisión" por prevaricato.
"Están en desacuerdo en que yo defienda las leyes del Congreso. Lo que yo he hecho y sigo haciendo es defender las leyes que el Congreso ha aprobado, como por ejemplo, la Ley 32107, de lesa humanidad, que ha sido declarada constitucional por el TC", afirmó.
Con ello, buscó enmarcar la controversia en una disputa política y subrayar que su actuación se sostiene en normas vigentes y no en posibles presiones al sistema de justicia que puedan traducirse en algún tipo de injerencia.
Rospigliosi explicó que ingresó con su cuenta personal a la audiencia, donde los militares que invocaron la Ley 32107 en su defensa. Su argumento central: no hubo presión ni interferencia, sino ejercicio de un derecho ciudadano.
"Ingresé de manera virtual a una audiencia, como cualquier ciudadano puede entrar. Pretenden impulsar esa moción por ejercer ese derecho", dijo.
La moción lo acusa de "presión" para favorecer la aplicación de la Ley 32107 en casos de violaciones de derechos humanos. En su respuesta, Rospigliosi sostiene que se trata de una denuncia "completamente absurda" promovida por sectores que —según sus palabras— "odian a las FF. AA. y a la PNP".
Propuesta continúa recolectando firmas
La discusión se desarrolla en medio de enfrentamientos en la lectura política de la Ley 32107 y su uso en procesos judiciales con la defensa institucional de las normas aprobadas por el Parlamento.
La moción comienza a tomar forma; sin embargo, sigue lejos de alcanzar el respaldo necesario para que pase a ser debatida en el Pleno, siendo que, hasta el cierre de esta nota, el documento solo cuenta con ocho firmas: Jaime Quito, Ruth Luque, Elías Varas, Susel Paredes, Sigrid Bazán, Flor Pablo Medina, Silvana Robles y Alex Flórez.
El caso torna un rumbo incierto. De prosperar, marcaría un precedente que daría pie a nuevas lecturas sobre la ley de lesa humanidad y el rol de las autoridades y su participación en procesos de los otros poderes del Estado.
