Esterilizaciones forzadas: especialista cuestiona archivamiento del caso y alerta sobre otros 50 procesos en riesgo
El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, cuestionó el archivamiento del caso de las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. En entrevista con Exitosa, explicó los argumentos de la Fiscalía para tomar esta decisión y advirtió que otros procesos por presuntos crímenes de lesa humanidad podrían correr la misma suerte.
Archivan caso esterilizaciones forzadas
Quispe señaló que la Fiscalía de Derechos Humanos, a cargo del fiscal Víctor Dávila Rojas, reconoció la existencia de elementos de convicción que vincularían a los 52 imputados con los hechos investigados. Asimismo, indicó que el Ministerio Público identificó que las esterilizaciones forzadas habrían constituido un ataque generalizado y sistemático, en el marco de una política de Estado.
Pese a estos elementos, según explicó el abogado, la Fiscalía decidió no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria al considerar que los hechos habían prescrito. La decisión se sustentaría en la Ley 32107, aprobada por el Congreso, que establece la aplicación de la calificación de crímenes de lesa humanidad para delitos cometidos a partir de 2002, según la interpretación cuestionada por el letrado.
Al respecto, Quispe criticó que no se tomaran en cuenta otros pronunciamientos judiciales. "La fiscalía no ha tomado en cuenta la resolución de la sala penal transitoria, para este caso, quien aplicó la ley 32107 por ser inconstitucional e inconvencional. Tampoco tuvo en cuenta la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos en el caso Celia Ramos, donde se estableció que hubieron violaciones a los derechos humanos y violencia reproductiva masiva en el caso de esterilizaciones forzadas", agregó.
Alerta por casos similares
Finalmente, el abogado de IDL alertó que aproximadamente 50 casos relacionados con presuntos crímenes de lesa humanidad se encontrarían a la espera de ser archivados. Según advirtió, estos procesos podrían verse afectados por la aplicación de la norma aprobada por el Congreso saliente, lo que abriría un nuevo escenario de controversia sobre la investigación y persecución de estos delitos.
Caso Celia Ramos
En marzo de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia que vuelve a sacudir la historia reciente del Perú. El tribunal internacional declaró responsable al Estado peruano por la esterilización forzada y la muerte de Celia Edith Ramos Durand, ocurrida en 1997.
El fallo concluye que el país violó varios derechos fundamentales de la víctima, entre ellos el derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud y a recibir información adecuada antes de un procedimiento médico.
Es así que, el archivamiento del caso de las esterilizaciones forzadas reabre el debate sobre la aplicación de la Ley 32107 y la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad en el Perú. Mientras el abogado Juan José Quispe cuestiona los argumentos fiscales y advierte sobre otros 50 procesos en riesgo, las víctimas y sus familiares enfrentan nuevos obstáculos en la búsqueda de justicia y esclarecimiento de los hechos.