05/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 05/03/2026
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia que vuelve a sacudir la historia reciente del Perú. El tribunal internacional declaró responsable al Estado peruano por la esterilización forzada y la muerte de Celia Edith Ramos Durand, ocurrida en 1997.
El fallo concluye que el país violó varios derechos fundamentales de la víctima, entre ellos el derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud y a recibir información adecuada antes de un procedimiento médico.
Ramos tenía 34 años y era madre de tres hijas. El 3 de julio de 1997 fue sometida a una ligadura de trompas en un establecimiento de salud en Piura. Según la sentencia, la intervención se realizó sin condiciones médicas adecuadas y en un contexto de presión para aceptar el procedimiento.
Durante la operación, la mujer sufrió una fuerte reacción alérgica. Su estado de salud empeoró y fue trasladada a otro hospital. Sin embargo, después de varios días de complicaciones, falleció el 22 de julio de ese mismo año.
De acuerdo con la Corte, el Estado no solo falló en proteger su salud, sino que tampoco investigó el caso con rapidez durante años.
Un caso que revela una política cuestionada
La decisión del tribunal también pone en evidencia un contexto mayor. El caso de Ramos ocurrió durante el gobierno de Alberto Fujimori, cuando se aplicaba el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.
Durante ese periodo se realizaron miles de esterilizaciones en el país. Organismos de derechos humanos han señalado que muchas mujeres aceptaron el procedimiento bajo presión o sin recibir información clara sobre lo que implicaba.
La Corte indicó que este caso no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de un contexto en el que se promovieron intervenciones quirúrgicas de manera masiva.
La sentencia también menciona que muchas de las mujeres afectadas eran de zonas rurales y de bajos recursos, lo que aumentó su situación de vulnerabilidad.
Las consecuencias del fallo
Con esta decisión, el tribunal ordenó al Estado peruano adoptar varias medidas de reparación para la familia de la víctima. Entre ellas se incluyen acciones de reconocimiento, compensaciones y garantías para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
Además, el fallo busca que el país refuerce los controles en los servicios de salud y garantice que cualquier procedimiento médico se realice con consentimiento libre e informado.
El caso de Celia Ramos se ha convertido en uno de los más representativos en el debate sobre las esterilizaciones realizadas en los años noventa. Para organizaciones de derechos humanos, la sentencia representa un paso importante en el reconocimiento de las víctimas.
"El Estado es responsable por la esterilización forzada y la muerte de Celia Ramos", señaló la Corte en su resolución, marcando un precedente clave para otros procesos relacionados con estas prácticas.
Casi tres décadas después, el caso vuelve a generar discusión pública y recuerda una etapa polémica de la política de salud en el país.

