En comunicado
27/07/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 27/07/2025
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) emitió un comunicado oficial en respuesta a la resolución de la Presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que exige la suspensión inmediata del trámite legislativo del Proyecto de Ley N.° 7549/2023-CR.
Esta iniciativa busca conceder una amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP) y comités de autodefensa por su participación en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
La resolución, adoptada el 24 de julio de 2025, se enmarca en los casos Barrios Altos y La Cantuta vs. Perú, sentencias emblemáticas del sistema interamericano sobre graves violaciones a los derechos humanos.
¿Qué exige la Corte Interamericana al Perú?
La Corte IDH requiere al Estado peruano suspender de forma inmediata el trámite del proyecto de ley y, en caso de que se promulgue, se abstenga de aplicarla. Asimismo, ha convocado a una audiencia pública para el próximo 21 de agosto, en la que se evaluará la posibilidad de adoptar medidas provisionales en el contexto de lo resuelto preliminarmente por su Presidencia.
La Corte sustenta esta solicitud en la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y el cumplimiento de las sentencias dictadas previamente.
¿Qué argumenta el Estado peruano?
El Gobierno peruano, a través del MINJUSDH, rechazó "enérgicamente" las disposiciones de la Corte IDH por considerar que exceden el marco jurídico del derecho internacional y no se desprenden directamente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El comunicado subraya que el Perú reafirma su soberanía y la primacía del orden interno, destacando que el sistema interamericano debe respetar el principio de subsidiariedad. Es decir, que la jurisdicción internacional no puede imponerse sobre decisiones que aún no han sido conocidas ni resueltas por las instancias nacionales.
No obstante, el Estado informó que participará en la audiencia convocada, a través de sus agentes acreditados, para exponer su posición con argumentos fácticos y jurídicos. El pronunciamiento del Estado peruano ante la resolución de la Corte IDH marca un nuevo episodio de tensión entre la jurisdicción internacional y la autonomía legislativa nacional.
Mientras se debate la legalidad del proyecto de ley de amnistía, el proceso continuará bajo la mirada de organismos internacionales, víctimas y sectores de la sociedad civil.
