Trabajo articulado
27/05/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 27/05/2025
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) saludó el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que amplía por cinco años el plazo para que el Ejecutivo revierta el estado crítico de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, originalmente previsto para vencerse este martes.
Esta decisión responde al compromiso y al trabajo articulado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con respaldo de la PCM. El fallo del TC, emitido el último viernes, establece que el plazo para cumplir con la disposición constitucional se extenderá hasta el año 2030.
¿Qué implica la ampliación del plazo?
El TC resolvió, por mayoría, que el Ejecutivo tendrá hasta el año 2030 para revertir lo que ha calificado como un "estado de cosas inconstitucional" debido al hacinamiento persistente en los penales del país. Como parte de esta medida, se ordena al Minjus y al INPE informar anualmente sobre los avances en la implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030.
Según lo establecido, estos informes deben presentarse documentadamente cada mes de enero. De esta forma, el TC busca garantizar un monitoreo constante del cumplimiento de los objetivos de deshacinamiento y mejora de las condiciones carcelarias.
La decisión del Tribunal no solo representa una ampliación del plazo, sino que también exige acciones concretas, sostenidas y verificables por parte del Estado, especialmente en lo relativo a la mejora de infraestructura y servicios en el sistema penitenciario.
¿Qué avances ha presentado el Ejecutivo?
En semanas recientes, la PCM, junto al Minjus y ProInversión, presentó una cartera de proyectos que serán financiados mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), con una inversión proyectada superior a S/ 2,646 millones.
Estos recursos permitirán la construcción y mejoramiento de establecimientos penitenciarios, fortaleciendo la capacidad del sistema y contribuyendo a una mejor reinserción social de los internos.
Asimismo, el Ejecutivo ha establecido una política pública penitenciaria con visión al año 2030, que incluye metas claras en infraestructura, gestión penitenciaria y derechos humanos. Como parte de esta estrategia, se ha dispuesto una cifra récord de inversión para la construcción de nuevos penales, lo que representa un hito en la política de justicia y derechos humanos del país.
El fallo del Tribunal Constitucional establece una nueva hoja de ruta para resolver el hacinamiento carcelario en el Perú, al ampliar el plazo de cumplimiento hasta 2030 y exigir rendición de cuentas anuales.
El Gobierno, por su parte, refuerza su compromiso con inversiones concretas y una política penitenciaria sostenida, que busca asegurar condiciones dignas y efectivas de reinserción social para la población penitenciaria.
