16/04/2019 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
Uno de los principales retos de nuestro país era contar con una instancia célere, sencilla y efectiva, que resuelva las controversias suscitadas en materia de transparencia y acceso a la información pública.Para alcanzar dichos objetivos era necesario cambiar el modelo peruano, eminentemente judicial. En razón de ello, el Tribunal de Transparencia se creó tomando en cuenta lo establecido por la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública de la OEA, que propone contar con un órgano que posea autonomía operativa, administrativa y de decisión, a efectos de resolver, en el ámbito administrativo, las controversias que se generen por la denegatoria de entrega de información por parte de las entidades.
Además, la experiencia internacional ha demostrado que los órganos especializados o instancias administrativas resuelven con idoneidad y eficiencia los casos que se les presentan. De esta manera, tanto el Consejo para la Transparencia de Chile como el Instituto Nacional de Acceso a la Información de México han logrado que sus decisiones sean acatadas.En el mundo, las autoridades garantes en materia de transparencia y acceso a la información pública tienen principalmente una función resolutiva, atendiendo a ello, una de las novedades del Decreto Legislativo 1353, es la creación del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública como órgano resolutivo en segunda y última instancia administrativa a nivel nacional, con el objeto de garantizar el acceso a la información.
El novísimo Tribunal de Transparencia, inició funciones en diciembre de 2018, siendo su labor primordial resolver los recursos de apelación contra las decisiones de las entidades, así como los recursos que interpongan los funcionarios y servidores sancionados por el incumplimiento de las normas de la materia.Por ello, era necesario que en nuestro país se constituya un órgano que permita que las personas accedan a información a través de un procedimiento gratuito y accesible, sin tener que transitar por un extenso proceso judicial.
Debemos recordar que el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental relacional, es decir que a partir de este se pueden concretar otros derechos, por ejemplo, acceder a información de la gestión pública ha ayudado a las organizaciones y a la ciudadanía al momento de hacer incidencia y reclamar políticas más justas.La transparencia va mucho más allá de facilitar la información que las propias instituciones consideran relevante para la ciudadanía, significa reconocer, tal y como lo ha hecho la jurisprudencia internacional, que los ciudadanos tienen derecho a saber cómo sus representantes toman las decisiones públicas y cómo se gestiona el presupuesto nacional.
Este principio mantiene estrecha relación con diversos aspectos de la agenda política nacional, incluyendo las condiciones de la gobernabilidad democrática, y cuestiones muy importantes como la lucha contra la corrupción, el progreso de la justicia social y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.Por tanto, constituye una línea central de este gobierno impulsar la transparencia y, en ese sentido, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se encuentra comprometido en promoverla.El Tribunal de Transparencia es el órgano garante a nivel nacional, que tiene por desafío que el Perú avance hacia un Gobierno abierto, tarea trascendental que permitirá que las personas puedan ejercer una adecuada vigilancia ciudadana.
