OCDE advierte falta de protección a fiscales anticorrupción en Perú y exige medidas inmediatas
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) expresó su preocupación frente a los obstáculos que enfrentan los fiscales anticorrupción en el Perú.
En una carta enviada a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, el organismo internacional señaló que existen intimidaciones y procesos disciplinarios que afectan el trabajo del Equipo Especial Lava Jato, encargado de las investigaciones más emblemáticas de corrupción en el país.
La advertencia parte del incumplimiento del artículo 5 de la Convención Anticohecho, que obliga a los Estados miembros a garantizar que las investigaciones se desarrollen sin presiones políticas.
Según el documento, desde 2019 los fiscales especializados han sido objeto de procesos que generan un efecto intimidatorio y ponen en riesgo su independencia.
La preocupación se agrava por los recientes reportes recibidos tras la visita de una misión de alto nivel en enero de 2025. Pese a las recomendaciones previas, la OCDE advierte que continúan los casos de acoso mediante investigaciones y consultas cuestionables, lo que refleja una ausencia de acciones correctivas por parte de las autoridades peruanas.
Independencia fiscal en riesgo por acoso e interferencias
El pronunciamiento de la OCDE resalta que la falta de resguardo institucional coloca en una situación vulnerable a los fiscales que lideran casos de gran impacto nacional.
El organismo internacional pidió adoptar medidas que garanticen su estabilidad laboral, evitando prácticas como la suspensión, expulsión injustificada o cualquier forma de hostigamiento que limite su capacidad de acción.
La independencia del Ministerio Público resulta clave para sostener procesos anticorrupción de alto perfil. Sin embargo, las continuas denuncias penales y disciplinarias contra fiscales del Equipo Lava Jato configuran un escenario adverso que podría traducirse en retrocesos en la lucha contra la corrupción.
La OCDE enfatizó que el cumplimiento de la Convención exige al Estado peruano no solo investigar con rigor los casos de corrupción, sino también ofrecer garantías mínimas para que los fiscales actúen libres de interferencias políticas.
De no hacerlo, el país se expone a cuestionamientos internacionales y al debilitamiento de la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
Posibles sanciones y plazos de cumplimiento
La carta enviada por la presidenta del Grupo de Trabajo Anticohecho de la OCDE, Kathleen Roussel, concluye con un llamado firme: Perú deberá informar en diciembre de 2025 sobre las medidas adoptadas para revertir la situación.
De persistir las interferencias, el organismo considerará "medidas excepcionales", que podrían incluir declaraciones públicas, la conformación de subgrupos de seguimiento e incluso advertencias de debida diligencia hacia el país.
Además, la OCDE adelantó que el monitoreo continuará hasta la evaluación de la Fase 3 en diciembre de 2026, donde se revisará el grado de cumplimiento de las obligaciones asumidas.
Este emplazamiento representa una alerta seria para el Perú, que aspira a consolidar su ingreso a la OCDE. La falta de protección a fiscales que enfrentan a redes de corrupción no solo compromete la independencia judicial, sino que también pone en entredicho el compromiso del Estado con los estándares internacionales en materia de transparencia y gobernanza.