Gustavo Petro pide que Nicolás Maduro sea liberado para ser juzgado en Venezuela
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses ha generado un nuevo capítulo en la crisis política regional. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió públicamente que el exmandatario venezolano sea liberado y trasladado a su país de origen para ser juzgado por tribunales nacionales.
El planteamiento de Petro se enmarca en su discurso de respeto a la soberanía de Venezuela y rechazo a la intervención extranjera. Según el mandatario colombiano, corresponde a Venezuela decidir el destino judicial de Maduro, no a Washington, apelando únicamente a cuestiones culturales.
"Tienen que devolverlo, y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense. Porque la civilización latinoamericana es diferente a la anglosajona/europea", señaló.
Un pedido que genera suspicacias
La solicitud, sin embargo, ha despertado cuestionamientos. En Venezuela, el poder estatal se encuentra concentrado en manos del chavismo, lo que hace difícil imaginar un proceso judicial independiente contra Maduro. La estructura institucional del país ha sido señalada en múltiples informes internacionales por su falta de autonomía y por la subordinación de los tribunales al Ejecutivo.
En ese contexto, el pedido de Petro resulta, cuanto menos, llamativo: liberar a Maduro para que sea juzgado en un sistema que difícilmente lo procesaría. Una propuesta que parece acercarse más a un gesto político de respaldo al chavismo que a una garantía real de justicia.
El pronunciamiento genera ciertas discusiones, con sectores afines al chavismo que celebran la postura de Petro como un acto de solidaridad, y críticos que advierten que se trata de una maniobra que busca legitimar a un régimen cuestionado. Estados Unidos, por su parte, mantiene firme la posición de que Maduro debe responder ante la justicia norteamericana por los cargos que se le imputan.
Entre el trasfondo y la estrategia
La intervención de Petro también se interpreta como parte de su estrategia de posicionamiento regional. Al defender que Maduro sea juzgado en Venezuela, refuerza su narrativa de rechazo a la hegemonía estadounidense y de apoyo a gobiernos de izquierda en América Latina.
Sin embargo, la contradicción es evidente: pedir un juicio en un país donde las instituciones están controladas por el mismo movimiento político que lideraba Maduro.
El pedido abre un debate sobre soberanía y justicia. Aunque se presenta como una defensa del derecho de los Estados a decidir sobre sus líderes, la realidad institucional venezolana hace que la propuesta luzca más simbólica que viable. En un país donde el chavismo concentra todo el poder, pensar en un juicio independiente contra Maduro parece, en la práctica, imposible.