Derrames de petróleo: Congreso amplía padrón de damnificados y endurece la fiscalización ambiental
El Congreso aprobó una nueva ley que amplían el registro de personas afectadas por derrames y fugas de hidrocarburos en el país y refuerza los mecanismos de fiscalización ambiental.
Oficializan ley
A través del boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano, la Ley N° 32534, que modifica la Ley 32190, que creó el Registro Único Consolidado de Personas Afectadas por Derrames o Fugas de Hidrocarburos, con el objetivo de precisar su ámbito de aplicación, cerrar vacíos legales y fortalecer la supervisión del Estado ante emergencias ambientales vinculadas a actividades petroleras.
Esta norma se oficializa en un contexto marcado por conflicto socioambientales no resueltos, deudas pendientes con comunidades costeras y amazónicas, y nuevos episodios de contaminación registrados en el año.
¿A quiénes beneficia registro?
Con la incorporación de los artículos 3 y 4, la ley establece que el registro se aplicará a todas las personas naturales o jurídicas afectadas por derrames o fugas de hidrocarburos ocasionados por empresas del sector que cuenten con autorización sectorial vigente.
La norma también permite la inscripción retroactiva de afectados por derrames ocurridos en la costa peruana desde el 1 de enero del 2022, siempre que estos hayan sido declarados en emergencia ambiental. Esta disposición apunta directamente a casos emblemáticos como el derrame de crudo ocurrido en enero del 2022 en la refinería La Pampilla de Repsol.
En ese sentido, el Ministerio de Energía y Minas será la entidad encargada de proceder con estas inscripciones excepcionales, ampliando el universo de personas reconocidas oficialmente como afectadas.
Por su parte, la norma refuerza el rol del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que será responsable de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la ley y su reglamento, en concordancia con la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
Lo que implica que la OEFA podrá verificar no solo el registro de los afectados, sino también el cumplimiento de las obligaciones ambientales de las empresas responsables de derrames, así como las acciones de respuesta y remediación ejecutada luego de estos eventos.
La ley establece como disposición complementaria que el Poder Ejecutivo deberá adecuar el reglamento de la Ley 32190 en un plazo máximo de 30 días desde su entrada en vigor.
El ajuste deberá precisar el procedimiento de inscripción para los casos excepcionales e incluir condiciones claras, mecanismos transparentes y un protocolo de compensación para las personas afectadas, con el fin de garantizar un proceso justo y verificable.
Es así como el Congreso aprobó una nueva ley que amplían el registro de personas afectadas por derrames y fugas de hidrocarburos en el país y refuerza los mecanismos de fiscalización ambiental.