03/04/2020 / Exitosa Noticias / Columnistas / Actualizado al 09/01/2023
Las medidas económicas para combatir el COVID-19, en el Perú, ascienden a más de US$ 25,000 millones y representan el mayor plan económico de la región latinoamericana. Esta cifra constituye el 12% del Producto Bruto Interno (PBI).
Las medidas económicas publicadas en el diario El Peruano el 27 de marzo, bajo Decreto de Urgencia N° 033-2020, están dirigidas a cubrir las necesidades básicas de las familias. En primer lugar, la distribución de productos de primera necesidad estaría a cargo de los municipios y para este fin se autorizó la transferencia de S/ 213'650,000.
La segunda es el subsidio monetario adicional de S/ 380 para las familias más vulnerables de nuestro país, cubriendo así los 13 días adicionales de la cuarentena anunciada por el presidente de la República.
En relación a las empresas, los empleadores del sector privado recibirán un subsidio para el pago de planillas y va dirigido a empleadores cuyos trabajadores reciben una remuneración bruta de S/ 1,500 como máximo.
Representa el 35% de este tipo de sueldo; es decir, el monto subsidiario se calcula únicamente con la suma de los sueldos que no excedan los S/ 1,500; y el monto resultante se multiplica por 35%. Las medidas dirigidas a los trabajadores comprenden la liberación de hasta S/ 2,400 de sus fondos de la CTS (Compensación por Tiempo de Servicios).
Además de la suspensión temporal de los aportes al Sistema Privado de Pensiones del mes de abril. Estas dos medidas habrían sido suficientes para poder apoyar este sector de la población; sin embargo, la liberación de un 25% de los fondos gestionados por las Administradores de Fondos de Pensiones (AFP), es una medida que está siendo analizada por el Congreso de la República.
En contraposición a lo planteado por el Congreso, tenemos la propuesta del ejecutivo, que consiste en el retiro de hasta S/2,000 de estos fondos, de forma fraccionada, para las personas que no estuvieron en planilla en los últimos 06 meses.
El debate va enfocado a los posibles efectos negativos sobre la economía peruana. Para muchos especialistas económicos, la propuesta del Congreso de la República se podría convertir en un riesgo para la estabilidad económica en el corto y largo plazo; al afectar el tipo de cambio en el corto plazo y las pensiones futuras que recibirán los jubilados en el largo plazo. También podría ejercer una fuerte presión en el alza en los precios de consumo.
