Defensor del Pueblo defiende diálogo con mineros y critica exigencias inviables: "Somos un ente facilitador"
El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, afirmó que la minería ilegal en el país responde a un problema estructural profundo que no puede ser enfrentado solo con medidas coercitivas. En diálogo con Exitosa, sostuvo que exigir a los mineros artesanales el cumplimiento de requisitos imposibles de aplicar en la práctica fue un acto de "pura hipocresía".
"Hay un impedimento estructural; exigir algo que desde el inicio era imposible era pura hipocresía", señaló Gutiérrez. Además, aclaró que la Defensoría del Pueblo asume el rol de ente facilitador entre el Estado y los mineros artesanales para promover el diálogo y la búsqueda de soluciones sostenibles.
El funcionario explicó que la minería ilegal se concentra principalmente en zonas vulnerables, como los grandes ríos y áreas de alta biodiversidad, y que muchas de estas operaciones se mantienen ocultas. Sin embargo, destacó la existencia de un registro oficial que actualmente cuenta con aproximadamente 95 mil mineros informales inscritos y en proceso de formalización.
"Tenemos una gran ventaja, el registro nos permite identificar a los mineros que buscan formalizarse y diferenciar a aquellos que continúan operando de manera ilegal. Todo acto administrativo es revisable y tiene derecho a apelación, conforme a la ley", precisó.
¿Cuál es el rol de la Defensoría del Pueblo en este proceso?
Gutiérrez reiteró que la institución que dirige parte de la idea de ser un "ente facilitador" y no un órgano punitivo. Anunció, además, que este viernes a las 10 a. m. sostendrán una reunión clave con representantes del Ejecutivo y de los gremios mineros para abordar la formalización. La expectativa es avanzar en un plan conjunto que permita reducir la minería ilegal y proteger los recursos naturales.
"Nuestro objetivo es tender puentes para que se logren acuerdos que beneficien tanto a los trabajadores del sector como al país en general", sostuvo.
¿Qué pasará con la mesa técnica del Gobierno?
De forma complementaria, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, anunció la creación de una mesa técnica de trabajo con una duración inicial de 60 días. Esta mesa, impulsada desde el Ejecutivo, buscará proponer estrategias para acelerar la formalización minera.
Arana destacó la participación de dirigentes mineros y de autoridades del sistema de justicia como muestra de apertura al diálogo, aunque aclaró que la Fiscalía no fue convocada debido a un enfoque específico de la agenda.
La reunión de este viernes y la mesa técnica de 60 días marcan el inicio de un proceso que busca atacar la raíz del problema minero en el país. La participación activa de la Defensoría del Pueblo como facilitador y la apertura de espacios de diálogo son pasos clave para impulsar la formalización y reducir el impacto ambiental y social de la minería ilegal.