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12/06/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 12/06/2025
La Fiscalía de la Nación, a través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra Liz Patricia Benavides Vargas, por su actuación como fiscal de la Nación.
La denuncia la señala como presunta autora de los delitos de cohecho pasivo específico, encubrimiento personal y abuso de autoridad, todos en agravio del Estado.
Según el documento fiscal, Benavides habría recibido apoyo en un proceso disciplinario seguido por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a cambio de realizar actos funcionales que beneficiarían a terceros, entre ellos al abogado José Luis Castillo Alva.
Se le imputa haber influido en el nombramiento, remoción y designación de fiscales dentro del Equipo Especial del caso "Los Cuellos Blancos del Puerto" con el objetivo de proteger intereses particulares y frenar investigaciones sensibles.
¿Qué hechos sustentan la acusación?
El Ministerio Público señala que Benavides Vargas habría promovido el ingreso de fiscales afines a Castillo Alva en el mencionado equipo especial. Esta maniobra habría tenido como fin asegurar que ciertos fiscales evitaran investigar a Castillo, obstaculizando así el curso de las investigaciones.
Además, se indica que Benavides ordenó el nombramiento del fiscal provincial provisional Abelardo Caycho en un despacho de Lima Noroeste, con la aparente finalidad de que investigue al exjuez Walter Ríos Montalvo por los presuntos delitos de denuncia calumniosa y encubrimiento personal, en perjuicio del mencionado Castillo.
¿Qué otras acciones se le atribuyen?
La denuncia también detalla que Benavides habría intervenido para evitar que se investigue a dos periodistas y un efectivo policial, atendiendo presuntos pedidos realizados por Castillo Alva.
De igual forma, se menciona su implicancia en la designación del exfiscal supremo provisional Franklin Tomy López, con el presunto encargo de obstaculizar indagaciones contra el fiscal adjunto supremo Javier Huamaní, quien estaría vinculado a comunicaciones con el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi.
Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía de la Nación ha comunicado el caso a la Junta Nacional de Justicia y remitido copias de la carpeta fiscal, incluyendo la actuación de Tomy López, a quien también se le atribuye la presunta comisión del delito de encubrimiento personal.
La presentación de esta denuncia constitucional marca un nuevo episodio en el proceso de control político y penal que involucra a exautoridades del sistema de justicia. Será el Congreso de la República quien deberá evaluar la admisibilidad de la denuncia y, de corresponder, autorizar su procesamiento conforme al marco constitucional vigente.
