29/03/2022 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2023
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA), Javier Fernández Dávila Mercado viene siendo cuestionado en el interior de la entidad por un aparente favorecimiento con mejores puestos laborales a personas allegadas a él, ya sea por algún vínculo familiar o amical.
◼ Concuñada
El primero de estos cuestionamientos se dio porque el 21 de abril del 2021, Fernández Dávila emitió la resolución administrativa N° 426-2021, mediante la cual se designó a la abogada Gleny Quicaño Farfán como auditora en la Gerencia de Administración Distrital, bajo la denominación de CAS confianza, sin concurso alguno.
Sucede que Quicaño Farfán es esposa de José Fernández Garate, hermano de Miriam Fernández Garate, que a su vez es esposa del presidente de la CSJA. Es decir, Gleny Quicaño resulta ser la concuñada del presidente Javier Fernández.
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En tanto que, el 12 de enero del 2022 se emitió la resolución de Presidencia N° 42-2022 donde se designa a Quicaño Farfán como analista II en una plaza de la modalidad 728 con carácter indeterminado en la Unidad de Servicios Judiciales. El cargo es uno de los niveles más altos en el área administrativa.
◼ Joven abogada
Otro de los serios cuestionamientos contra el titular de la CSJA surge por la contratación de una joven abogada identificada como Alexandra Valdivia Salazar como técnico judicial para la Unidad de Servicios Judiciales, pero que fue asignada a la Presidencia de la Corte.
Allí la abogada está a cargo de un denominado observatorio de derechos humanos, el mismo que requiere un personal asistencial.
En este caso, llama la atención que se le encargue dicha responsabilidad puesto que ella recién egresó de la carrera de Derecho en el 2018 y consiguió su bachillerato en el 2019, no figurando ningún otro título académico registrado en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu).
◼ Niega irregularidad
Al respecto, el presidente de la CSJA a través del área de Imagen Institucional señaló que: "De ninguna manera se han hecho contrataciones antojadizas o manipuladas para favorecer a alguien".
Agregó que las abogadas fueron contratadas en sus puestos por su formación y cualidades profesionales y alcanzó documentación sobre el perfil profesional de las mismas donde refiere que Quicaño tiene más de 20 años de experiencia laboral y Valdivia fue una destacada estudiante que cumple labores de asistente.
Finalmente dijo no tener problemas en someterse a investigaciones del Órgano de Control Interno o la Corte Suprema, a la que remitirá los documentos del caso.
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