29/04/2021 / Exitosa Noticias / Columnistas / Actualizado al 09/01/2023
El 17 de diciembre de 1996, 14 terroristas del MRTA incursionaron violentamente en la casa del Embajador de Japón, secuestrando invitados y residentes, premunidos de lanza cohetes, fusiles AKM, pistolas ametralladoras UZI, granadas de mano; exigiendo al gobierno la liberación de todos los terroristas del MRTA presos en penales del país. El 22 de abril de 1997, se produce la liberación de 71 rehenes, últimos secuestrados, operación reconocida a nivel mundial; pero, con el fallecimiento del Supremo Carlos Guisti Acuña, reconocido por calidad moral e intelectual, tuve el privilegio de haber integrado el 6to Tribunal - vocal- suplente- él como presidente, el comandante Juan Valer Sandoval y el teniente Raúl Jiménez Chávez del EP. 14 terroristas, 25 comandos heridos y algunos rehenes.
Lo indignante, es la detención preliminar ordenada por una jueza penal, solicitada por fiscal que investigaba denuncia por homicidio calificado formulada por familiares de terroristas fallecidos y defendidos por APRODEH, contra Comandos Chavín de Huántar; en mayo de 2001, víspera de un paro regional casualidad política-, detienen al General de División (r) Augusto Jaime Patiño, jefe encargado de planificación, coordinación y elaboración de operación para liberación de rehenes dirigida por José Willians Zapata - también fui abogado-. Luego, de detención fue llevado a Seguridad de Estado, al constituirme como su abogado por disposición del Ejército y sus familiares, me di con la desagradable sorpresa que estaba detenido en Dircote. Ante unánime protesta del país, fui convocado al Ministerio de Justicia, para explicar la defensa de Patiño, ante altos funcionarios del gobierno de Toledo.
Al entrevistarme con el general Marcos Miyashiro, jefe de Dircote, me muestra OFICIO de jueza penal, ordenando que el general Patiño sea INTERNADO EN LOS CALABOZOS CONJUNTAMENTE CON TERRORITAS; quien combatió el terrorismo, se cometió ESTE INDIGNANTE AGRAVIO. De acuerdo a ley, el fiscal debía tomar su declaración, diligencias urgentes y necesarias, en el plazo de 5 días, el fiscal iba en las mañanas y tardes, para comprobar si estaba en los calabozos. En la audiencia, con el juez Jorge Barreto, se quejó del hábeas corpus interpuesto, por vulneración al no realizar diligencias, el juez dispuso la inmediata libertad y ordenó comparecencia.
APRODEH demandó ante la Comisión Interamericana, los generales antes nombrados y otros, además de abogados fuimos convocados al Ministerio de Justicia, para instruir a los “representantes del Estado” en audiencia convocada; los comandos manifestaron que deberíamos ir los abogados defensores; y, respondieron que concurrencia sería cuando se convocara la audiencia en la CIDH. Se les entregó todas las pruebas, demostrando falsedad de imputación, inaudito los “representantes” NUNCA LO PRESENTARON. Algún congresista solicite informe al Ministerio de Justicia qué personas representaron al Perú en las demandas interpuestas por terroristas contra del Estado ante CIDH, desde 2001.
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