ARTÍCULO | Huelga de transportistas ¿Caprichos o reclamos legítimos?

◼ Por: Justo Carbajal Aguirre

El pasado martes 16 de marzo empezó lo que ya veníamos presagiando algunos actores del sector logístico: la huelga de transportistas era inminente. ¿El detonante? La subida injustificada del precio del combustible y de los peajes.

Es el primer conflicto social de esta naturaleza en el actual gobierno y -quizá- la huelga de transportistas más fuerte que se haya dado durante los últimos 10 años. Y es que este no es un problema nuevo. Sino, por el contrario, es algo de lo que se venía advirtiendo hace meses, cuando el precio del combustible se desplomó en el mundo y, en consecuencia, se esperaba una reducción en las tarifas establecidas. Sin embargo, por más que dijeron que era cuestión de esperar, esta baja real nunca llegó al consumidor.

El sector transportes se ha convertido en un sector vulnerable. Y no solo me refiero a aquellos que transportan carga pesada -y que han tenido que superar las inclemencias de la crisis, respecto al retroceso económico natural- sino también a buses interprovinciales, taxistas y hasta mototaxistas que se han unido a esta masiva y descentralizada huelga, donde las ciudades más activas se encuentran al Sur del país, me refiero a Arequipa, Puno, Tacna, Ayacucho e Ica. Pero me propongo revisar con mayor agudeza el conflicto.

◼ El trasfondo del problema

Es natural que el combustible tenga ciertas variaciones sujetas a patrones de conducta internacional. Sin embargo, justo cuando la variación significa una ventaja o un ahorro para el peruano, estas variaciones nunca se den. Lo cierto es que el sector ha sido desatendido por mucho tiempo. Y cuando se han presentado quejas y solicitudes, estas han sido ignoradas. ¿Cuáles son los problemas más relevantes? Pues, desde mi experiencia, puedo exponer los siguientes:

1) Lima paga cinco peajes en solo 78 kilómetros de carreteras. De ahí que la logística en el Perú sea una de las más caras de la región (Recordemos también que ya en el año 2017 se había presentado un conflicto considerable en Puente Piedra cuando se intentó instalar un nuevo peaje en otro sentido de la misma Panamericana Norte). No obstante, este problema, por desgracia, se refleja en todo el país, pues también hay casetas de cobros ubicadas incluso en pistas que aún no están concluidas o están en pésimo estado tras el embate del fenómeno de El Niño.

2) El impuesto al combustible que cobra el Estado. Hace dos años, el Ejecutivo otorgó la posibilidad de reintegrar el 53 % del ISC, pero con una barrera imposible de cumplir, lo que ha originado que solo el 0,30 % de transportistas la haya solicitado. De ahí que en el sector se perciba la idea de que el Ejecutivo trata de hacer 'caja chica' con el combustible para así poder pagar sus deudas o destinarlas a proyectos poco sostenibles como el de la famosa Refinería de Talara. A diferencia de otros países en los que se ha bajado de manera considerable el precio del petróleo el año pasado, en el Perú, según algunos colegas del sector sostienen que ha subido 21 veces.

3) Solo en el 2020 se pagaron 400 millones de exceso por combustibles, según el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios. Estos montos deberían ser reintegrados en armonía con los derechos establecidos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. ¿A qué se dedica el Indecopi o, en todo caso, las Asociaciones de Defensa del Consumidor? ¿Cuál es el rol que ejecuta Osinergmin? Pero veamos eso a fondo más adelante.

4) La indiferencia de Petroperú. Si bien anunció el pasado jueves que va a reducir el precio del diésel (señalando que obedece a la responsabilidad corporativa de la empresa) debería comprender que no se trata de mejorar el precio del transporte como un favor, sino de incentivar estratégicamente la competitividad en el sector. Lastimosamente parece que desde esta entidad están más preocupados en los gastos frívolos de “mejora de su reputación” por 82 mil soles, en “cambios de su identidad corporativa” por medio millón de soles o en la compra de espumantes por 97 mil soles en plena pandemia. Ellos nunca padecen estragos.

5) El alza injustificada del combustible afecta a todos. Se sabe que el transporte público (buses y custers) ya estableció un incremento considerable (de 40 50% en sus tarifas) en el último año. Si sube el combustible, los fletes también se incrementarán, los costos de los alimentos de primera necesidad también, los deliverys, etc. ¿Cómo puede el Estado desentenderse de un problema que afecta a tantos niveles?

◼ La indiferencia de las instituciones y la mala gestión de la crisis

Para empezar los organismos reguladores brillan por su ausencia. En principio, Osinergmin sostiene que no regula porque hay un “libre mercado”. El Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Transportes hicieron caso omiso a los requerimientos enviados desde hace meses por los transportistas. El Ministerio de Economía y Finanzas ignora que el sector es un engranaje elemental en la reactivación económica. La Presidencia del Consejo de Ministros, quien no se ha dignado a ir a las zonas en crisis, pero que aún así ya cerró la mesa de diálogo. Y el Presidente, por supuesto, quien sostiene que se dará término a la huelga sí o sí, amenazando con la presencia del Ejército.

El Congreso y los Gobiernos regionales también tienen un papel fundamental, porque deben ser parte de la aprobación de las normas y de propiciar su aplicación a la brevedad. Si bien en la mesa de diálogo participó el presidente de la Comisión de Transportes del Congreso, aún así no han podido negociar un proyecto integral que ponga fin a la desigualdad que existe en el sector. Además, los Gobiernos Regionales deberían subsanar la infraestructura en puertos y carreteras, que a la fecha continúan en pésimo estado.

¿Qué se ha obtenido con las mesas de diálogo? De momento una reducción pírrica, de solo 47 centavos por galón. Mientras ellos dicen lo de siempre: “que los cambios están reñidos con los principios de libertad económica que la propia constitución consagra”. El descuento de S/ 1.60 con la tarjeta de flotas en las estaciones relacionadas a Petroperú no subsana el verdadero déficit de los transportistas ni del sector logístico en general. Otros cambios poco sustanciales son: la ampliación por un año de la renovación de las licencias de conducir, la prórroga de bonificación de peso por uso de neumáticos y los plazos para la devolución del impuesto.

◼ Ideas de solución

Desde el Ejecutivo prometen que presentarán un proyecto de Ley para que el ISC se devuelva hasta en un 80%, sin embargo, ¿por qué dilatar tanto un proceso en el Parlamento y no promoverlo de una vez? De otro lado, el exigir la eliminación total del ISC responde a lo inadmisible que resulta que el Estado siempre 'haga caja' en el consumo de combustibles, como ha venido haciendo en los últimos años. Si bien el país se ha endeudado por 3500 millones de soles en el último año, esto no debe significar un golpe directo a la economía de los ciudadanos. Y, por cierto, ¿en qué invirtió esos 3500? ¿en infraestructura? No parece.

De otro lado, es urgente agilizar la instalación de la Autoridad Única de Transporte para Lima y Callao (ATU) para así acabar de una buena vez con la atomización de autoridades de transporte. Se necesita una gestión integral, ordenada y eficiente.

Si bien es positivo que el Diesel regrese al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (ya que en abril del 2020 Martín Vizcarra decidió jugar sucio y apartarlo junto con el GLP supuestamente porque causaban “distorsión” del precio real) no se debería esperar hasta el próximo Consejo de Ministros para revertir esta injusta disposición. Ahora bien, respecto al Fondo, es menester repensarlo, porque ha quedado claro que la fórmula del pasado (que regulaba topes máximos y mínimos, guardando los excedentes para situaciones de variación) se ha ido desnaturalizando con los años. A estas alturas queda claro que el FEPC ya no representa una significativa mejora, ni garantía de estabilidad para el sector, ¿en estos tiempos de pandemia finamente porque no lo suspenden la aplicación de este FEPC? por lo menos lo que queda del año para que el consumidor realmente se beneficie con una rebaja sincera en los precios de combustible.

De otro lado, es vital que el Ejecutivo aterrice cuanto antes en la negociación con Pluspetrol para bajar el precio del gas. Si la reducción es considerable, tal medida podría significar, incluso, un giro en las negociaciones.

Respecto al problema en el diálogo, es que se reúnen entre las mismas partes. Lo que se debe hacer es dar paso entre los funcionarios del Ejecutivo y ver la manera de que participen la Presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez y por qué no, el propio Presidente, para solucionar lo que sus interlocutores no pudieron.

El presidente Sagasti dijo que estas modificaciones son “de carácter administrativo”. No es así. Son de carácter reivindicativo. Establece una justa y objetiva reforma para quienes continúan sosteniendo la economía actual. Lo que concluyo es sencillo: Jamás habrá una verdadera reactivación económica si siguen ignorando un eslabón tan importante: el sector logístico.