01/03/2022 / Exitosa Noticias / Edic. impresa / Actualizado al 09/01/2023
El país sigue sacudido por una crisis política que viene de año en año y parece no tener fin. Cuando se pensó que con el cambio de gobierno el 28 de julio pasado las cosas iban a ser diferentes, los escándalos y denuncias de corrupción siguen siendo el pan de cada día y la agenda del Perú continúa entrampada en la confrontación entre el Ejecutivo y Legislativo, tal como ocurrió en el quinquenio anterior.
La revelación de las declaraciones de Karelim López el fin de semana, fue un bombazo que estremeció al presidente Pedro Castillo y su gobierno, pero también al Congreso de la República, porque las denuncias de la aspirante a colaboradora eficaz involucran además a cinco parlamentarios en los actos de corrupción.
Como era obvio, todos los mencionados por la lobista han salido a rechazar los cargos. Incluso el presidente Pedro Castillo ha dicho que se somete a las investigaciones. Y es una obligación que la Fiscalía inicie de inmediato las indagaciones de las denuncias y a todos los involucrados, porque lo que el país reclama es que se sepa la verdad, caiga quien caiga, pero en el más breve plazo y no como en otros casos que tardan años.
Si bien la Constitución establece que el presidente de la República no puede ser acusado penalmente durante el ejercicio de su función, sí puede ser investigado. La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió investigación, pero la suspendió hasta el 2026, por presuntos delitos contra la administración pública (tráfico de influencias agravado) y colusión en agravio del Estado, por las licitaciones del proyecto 'Puente Tarata III' (San Martín) y para abastecer de Biodiesel B100 a Petroperú. Además, por la presunta injerencia en los ascensos militares, en los que se le atribuye presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
Constitucionalistas han coincidido en que el presidente de la República sí puede ser investigado. Por ello, es importante que la investigación suspendida continúe, pero además debe abrirse otra con las recientes denuncias.
Según los especialistas, la fiscal de la Nación, al haber sido aludida en la declaración de Karelim López, debe inhibirse de la investigación y delegarla a otro fiscal supremo, que por ser el único que queda, es Pablo Sánchez.
El Congreso también debe asumir una posición porque la mención de Karelim López a los cinco parlamentarios, deteriora aún más la imagen del Legislativo.
El Perú no puede seguir paralizado por los escándalos políticos, no puede seguir envuelto en la grave crisis económica y social que lleva años. Las investigaciones de todos estos casos de corrupción deben tener resultados en el más breve plazo y los que resulten responsables, tendrán que pagar, así se trate del presidente de la República.
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