
29/07/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 29/07/2025
El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, respaldó el reciente comunicado del Ministerio de Justicia en el que el Estado peruano rechaza el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para frenar el trámite del Proyecto de Ley N.º 7549/2023-CR.
Esta iniciativa legislativa propone una amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP) y comités de autodefensa, por su participación en operativos contra el terrorismo entre 1980 y 2000. En declaraciones a la prensa, Schialer cuestionó el alcance de la solicitud del organismo internacional.
"Ni siquiera es ley y ya están exigiendo una posición. ¿La Corte Interamericana es un gobierno supranacional?", expresó. El proyecto aún está en debate dentro del Congreso de la República y no ha sido aprobado ni promulgado como ley.
¿Qué dice el comunicado oficial del Estado peruano?
A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia manifestó su rechazo enérgico a la resolución emitida por la Corte IDH, la cual solicitó al Estado peruano "suspender inmediatamente el trámite del Proyecto de Ley", y en caso de aprobación, "abstenerse de aplicarla".
El pronunciamiento oficial señala que la Corte estaría excediendo sus funciones y vulnerando el principio de soberanía nacional al intervenir en un procedimiento legislativo interno que aún no ha concluido. Además, se invoca el principio de subsidiariedad y el carácter complementario del sistema interamericano, destacando que el tribunal internacional "no puede sustituir a las autoridades nacionales ni imponer medidas sobre una materia que no ha sido resuelta en sede interna".
Pese a las discrepancias, el Estado confirmó su participación en la audiencia convocada por la Corte IDH, que se realizará el próximo 21 de agosto. En ella, los representantes peruanos presentarán los argumentos jurídicos y fácticos correspondientes.
¿Qué busca la Corte IDH con su resolución?
El organismo internacional emitió una resolución el 24 de julio en la que exige al Estado peruano suspender el trámite del proyecto de amnistía, alegando que la medida podría afectar el derecho a la justicia de las víctimas en los casos Barrios Altos y La Cantuta. Ambos procesos cuentan con sentencia firme contra el Estado peruano por violaciones a los derechos humanos.
Según la Corte, si la norma ya hubiese sido promulgada, el Perú debería abstenerse de aplicarla mientras se evalúa el pedido de ampliación de medidas provisionales y su impacto en las decisiones judiciales previas.
El Perú reafirma su compromiso con las obligaciones internacionales que ha asumido, pero defiende su autonomía frente a disposiciones que, a su juicio, interfieren en procesos aún no concluidos. La controversia será expuesta ante la Corte IDH en la audiencia del 21 de agosto, donde se evaluarán los argumentos de ambas partes en torno a la legalidad y el alcance del Proyecto de Ley 7549/2023-CR.