12/07/2022 / Exitosa Noticias / Edic. impresa / Actualizado al 09/01/2023
Bastante preocupación ha causado en la comunidad jurídica y en la opinión pública nacional, el anuncio del proyecto de ley del ministro de Justicia, Félix Chero, mediante el cual se pretende disminuir la edad para que los adolescentes desde los 16 años de edad asuman una responsabilidad penal y se les dé igual tratamiento que una persona con capacidad de ejercicio.
No cabe duda que uno de los grandes problemas que tiene el país es la grave situación de la espiral de violencia y la comisión de ilícitos penales se ha incrementado de manera inconmensurable, por lo que existe una alta percepción de inseguridad ciudadana. En el incremento de la ola delictiva que azota el país, los adolescentes tienen una cuota de responsabilidad, toda vez que vienen participando de manera muy activa, sea por cuenta propia o de terceros, los jóvenes entre 16 y 18 años, se ven involucrados en la comisión de ilícitos penales cada vez más violentos y algo se tiene que hacer.
Evidentemente, la propuesta del Ejecutivo tiene mucho que ver con el establecimiento de una política criminal en el incremento de las penas contra los adolescentes, pues un mismo hecho penal, cometido contra el mismo agraviado, con la misma modalidad y con la misma intensidad de alevosía y ventaja, la dosificación de la pena será diferente para una persona mayor de edad, que para un adolescente de 16 años.
Esto significa que, para el mayor de edad, la sanción podría establecerse hasta en 20 años de pena privativa de la libertad, mientras que para el joven de 16 años podría recaerle una sanción no menor de 6 años y es allí en donde radica la diferencia de la “injusticia”, pues ambos han cometido el mismo delito.
Por tal razón, se plantea que los adolescentes de 16 años de edad tendrían el mismo tratamiento punitivo que las personas adultas que cometen también ilícitos penales, y así se tendría la posibilidad que no egresen del Centro Juvenil de manera más rápida y se evitaría en menor proporción la inseguridad ciudadana, es decir, se estaría dando una respuesta punitiva a la preocupante ola de delincuencia.
Otro sector de la comunidad jurídica sostiene que la iniciativa del Ejecutivo es un total despropósito, toda vez que el Perú ha suscrito tratados internacionales sobre la Convención de los Derechos del Niño y Adolescente y las abogadas Marisol Tello y Rommy Chang han manifestado que la iniciativa forma parte del populismo penal, pues los adolescentes son víctimas y no victimarios, pues son víctimas de la sociedad, de sus padres, de su hogar y se tiene que propender a medidas correctivas, de reeducación y no de medidas altamente punitivas.
En tal sentido, el debate jurídico se ha iniciado y se espera poner en funcionamiento políticas de Estado, para disminuir la inseguridad ciudadana y también involucrar a los adolescentes para prevenir, investigar, juzgar y sancionar sus conductas ilícitas.
Síguenos en redes sociales
