Avance en caso "mochasueldos"
05/08/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 05/08/2026
La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos solicitó cuatro años de prisión efectiva contra la excongresista María Cordero Jon Tay, acusada de haber recortado el sueldo de un trabajador de su despacho parlamentario.
El requerimiento, presentado por la fiscal suprema titular Zoraida Ávalos, incluye además diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de S/30,200.
El pedido de la Fiscalía
La acusación sostiene que entre marzo y agosto de 2022, Cordero obligó a su trabajador Rafael Cabrejos a entregarle el 50 % de sus haberes mensuales, incurriendo en el delito de concusión en agravio del Estado.
El requerimiento también alcanza a Alexander Paredes, exservidor del Congreso, señalado como intermediario en el recorte de sueldos. Para él, la Fiscalía pide igualmente cuatro años de prisión efectiva, diez años de inhabilitación y una multa de S/8,438.40.
El caso se encuentra ahora en manos del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien dispuso que las partes procesales tengan un plazo de diez días para responder. Luego se programará la audiencia de control de acusación, paso previo a decidir si el proceso pasa a juicio oral.
El caso "mochasueldos"
La denuncia contra Cordero Jon Tay se hizo pública en 2023, cuando Cabrejos reveló que la parlamentaria le exigía la entrega de la mitad de su salario como condición para mantener su puesto. El escándalo, entre tantos otros casos "mochasueldos", generó amplio rechazo político y social, pues evidenciaba un presunto abuso de poder dentro del Congreso.
En marzo de 2024, el Parlamento decidió suspender a Cordero y levantar su inmunidad parlamentaria, permitiendo que la Fiscalía avanzara con las investigaciones. Para agosto del mismo año, la Corte Suprema dictó comparecencia con restricciones ante el riesgo de obstaculización de la justicia y para noviembre del 2025 se concretó el embargo de un inmueble por un valor de 200 mil soles para asegurar la futura reparación civil.
La polémica también alcanzó a la imagen del Congreso, que enfrentó críticas por la falta de mecanismos de fiscalización y por la demora en sancionar a la legisladora. Organismos de transparencia y colectivos ciudadanos señalaron que el caso reflejaba la necesidad de reformas profundas en la administración parlamentaria para evitar que se repitan situaciones similares.
Hoy, el pedido de la Fiscalía marca un punto decisivo en el caso. La acusación contra la exparlamentaria refleja la gravedad de los hechos y la necesidad de sancionar el abuso de poder en el Congreso. La decisión que tome el Poder Judicial será clave para determinar si la excongresista enfrenta un juicio oral y, eventualmente, una condena que podría apartarla definitivamente de la política.
