Caso cirugías
18/06/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 18/06/2025
El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, respaldó el informe final de la Comisión de Fiscalización del Congreso que recomienda evaluar la vacancia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, por el denominado Caso Cirugías. En diálogo con Exitosa, Gutiérrez señaló que esta es una facultad legítima del Parlamento y una expresión de la democracia en el país.
"La Comisión de Fiscalización hace su trabajo y está bien. Es la labor que hace el Parlamento, sobre todo porque sabemos que estamos en democracia y que los parlamentarios tienen la facultad constitucional para trabajar estos temas", expresó.
Gutiérrez agregó que la institucionalidad es clave para garantizar el crecimiento y el fortalecimiento del país, al recordar que desde 2013 se alertó que la debilidad de las instituciones podría convertirse en una amenaza para la estabilidad y para el logro del bienestar social.
"Cuando trabajamos el tema de la institucionalidad como una preocupación latente para el país, era la identificación desde el año 2013 de que los países en el mundo no crecían en la dimensión y en la proporcionalidad que deben para generar el bienestar social simplemente porque las instituciones eran débiles, y las instituciones estaban siendo una amenaza". dijo Josué Gutiérrez
Informe no tiene valor judicial, según la PCM
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, declaró que el informe final de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que recomienda evaluar la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por el caso Cirugías, no tiene validez en el ámbito judicial. El titular de la PCM subrayó que este tipo de documentos no son vinculantes y, por tanto, no poseen efecto legal.
Arana explicó que muchas de las recomendaciones contenidas en el informe carecen de fuerza jurídica e incluso han perdido actualidad, dado que varios de los hechos mencionados ya han sido denunciados por el Ministerio Público. Por tanto, poner nuevamente estos elementos en conocimiento de la Fiscalía sería redundante.
También aclaró que la Comisión de Fiscalización no tiene facultades de comisión investigadora, lo que limita aún más el peso de sus conclusiones, que son esencialmente de carácter político. El premier sostuvo que no corresponde que la Fiscalía actúe en función de informes que no aportan elementos novedosos.
Por último, Arana cuestionó la imparcialidad del presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos (Podemos Perú), al considerar que habría asumido desde un inicio una posición contraria a la mandataria, lo que habría marcado la orientación del documento. Por ello, concluyó que este informe refleja más una posición política previa que un análisis objetivo de los hechos.
