05/11/2018 / Exitosa Noticias / Columnistas / Actualizado al 09/01/2023
Estamos en el capítulo en el que todos los candidatos niegan haber recibido dinero de Odebrecht. Pero puedo asegurarles que muy pronto todos aceptarán que sí recibieron los aportes de los brasileños, y de otras empresas, y dirán que esta era una práctica común y que, lo más importante, no era delito. Nos dirán, casi los estoy escuchando, que la ley no lo prohibía explícitamente y que recién después del referéndum convocado por el presidente Martín Vizcarra esa práctica será calificada como delictiva.
Ese será el argumento de defensa que algunos ya empiezan a deslizar a través de sus abogados cuando dicen: “En el supuesto negado que sea cierto que recibieron dinero de Odebrecht, eso no era delito”.Algunas voceras pretendidamente intelectuales de esta postura incluso dicen que así sea cierto lo que afirma Odebrecht, de que entregó dineros para sus campañas a Keiko Fujimori, Alan García, Susana Villarán, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y PPK, esto no constituiría delito de lavado de activos. Lo dicen porque, según ellos, los receptores de los aportes no podían saber en ese entonces el origen ilegal del dinero.
La argumentación resulta grotesca porque si no sabían que el origen del dinero era ilegal, entonces ¿por qué actuaron como si lo fuera? ¿Por qué aceptaron entregas en efectivo, por qué no lo declararon como ingresos de campaña a las autoridades electorales y, peor aún, por qué en todos los casos falsearon información para encubrir el ingreso de esos fondos?Es decir, si yo presumo que el dinero que estoy recibiendo no tiene origen ilegal, entonces ¿por qué lo oculto?
A estas alturas el origen ilegal del dinero está más que probado, lo han dicho y acreditado los ejecutivos de Odebrecht: venía de la ahora famosa caja 2, destinada a pagos de comisiones ilegales y a la compra de políticos. Por las condiciones en que las transacciones ocurrieron, quienes las recibieron tenían que presumir que era parte de un procedimiento ilegal.Por supuesto que no era una dádiva, traía consigo el compromiso de los beneficiarios de que en el caso de que llegaran al poder, iban a favorecer los intereses del benefactor en la realización de obras públicas y contrataciones con el Estado.
El mecanismo ha sido descrito por las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht y se aplicó de manera sistemática en todos los países donde operaron.Pero Keiko Fujimori no llegó nunca al poder y por lo tanto no se pudo cerrar el círculo del mecanismo. Es verdad, pero eso no la exime de la responsabilidad de haber ingresado dinero ilegal a una campaña electoral, haberlo transferido, como se está acreditando en el caso de RPP, al circuito legal, haber falseado información para ocultar ese ingreso y haber perturbado la investigación cuando los hechos se denunciaron.Ahora bien, más grave debería ser la situación de quienes sí ejercieron funciones de gobierno en los últimos 18 años.
Sobre ellos debe caer todo el peso de la ley. Ellos no solo recibieron dineros ilegales para sus campañas sino que, para servir los intereses de sus auspiciadores, llegaron a extremos como el ocurrido con la Carretera Interoceánica. Allí se declaró prioritaria una obra que no lo era, se direccionó el concurso para que ganaran, se exoneró de procedimientos y requisitos de ley a los financistas de la campaña electoral. Pero, además, se sobrevaloraron los presupuestos de ejecución de la obra, se impidió una efectiva supervisión y se aplicaron adendas para elevar costos, pagar comisiones ilegales, y multiplicar las utilidades, perjudicando seriamente la economía de todos los peruanos.Estamos esperando que todos ellos paguen, y que eso ocurra ahora. Estamos esperando para convencernos de que la justicia en el Perú no la administran los políticos.