05/02/2022 / Exitosa Noticias / Columnistas / Actualizado al 09/01/2023
Desde antes de nuestra fundación como República, o sea desde la Colonia, el amiguismo en la contratación de funcionarios públicos “sentó sus reales”, pudiéndose observar que por recomendación o por decisión de altísimas autoridades como virreyes, entre otros, se incorporaban a la función pública personas sin méritos suficientes a no ser que fuese considerado mérito el ser amigo de la autoridad que nombraba.
Lo señalado, pese a ser grave defecto, fue en ascenso y las diversas normas que fueron sucediéndose para impedirlo, en la práctica no han sido exitosas. Hemos tenido desde el Estatuto Provisional de San Martin en 1821, pasando por el Decreto Ley 7455 de Samanez Ocampo, la Ley del Escalafón del Servicio Civil 11377 de 1950, la Ley de Bases de la Carrera Administrativa en 1984, la Ley Marco del Empleo Público en el 2004, diversos Decretos Legislativos un año después, hasta la creación de SERVI, sin que penosamente se hubiere resuelto el problema.
Peor aún, cada vez que se han creado nuevas entidades en la administración del Estado, se le han transferido recursos y facultades, como lo fue en la Regionalización, pero no se les transfirió personal, con el resultado que el mismo fue prácticamente duplicado, con el costo que pagamos todos los contribuyentes a través de nuestros impuestos.
En la práctica contamos principalmente en la administración pública, con tres regímenes diferenciados, como son el de los trabajadores propiamente públicos del DL 276, los de los trabajadores públicos sometidos al régimen de los privados a que se refiere el DL 728 y el de la Contratación Administrativa de Servicios (CAS) que sustituyó a la locación de servicios regida por el Código Civil y no por la legislación laboral.
No cabe duda que debemos caminar hacia la unificación progresiva de dichos sistemas, pero también terminar con el amiguismo en la contratación de trabajadores públicos y sustituirlo en la medida de lo posible por la meritocracia. Deberíamos también tener un registro centralizado y transparente de trabajadores públicos, en que los jefes de los sectores tengan claras responsabilidades y sanciones en caso de no reportar las contrataciones y nombramientos.
Para todos los cargos deberían existir requisitos, tanto para los nombramientos como para el desempeño de los mismos, así como los perfiles que correspondan, todo lo cual sometido al escrutinio público para evitar los abusos de poder, en que no solamente se cambian los cargos de confianza sino cualquier otro, y normalmente bajo amenaza que como hay nuevas máximas autoridades, deben poner los cargos a disposición, sin muchas veces saberse que ello es sinónimo de renuncia, con lo cual los mismos funcionarios reemplazados facilitan el reemplazo y se quedan sin trabajo, lo que atenta contra la carrera administrativa pública.
Todos los días vemos innumerables nombramientos en el diario oficial, con inauditos excesos hasta nombrar asesores para los secretarios generales de las entidades públicas, que son las encargadas del “papeleo” y que por lo menos deberían conocerlo sin necesidad que le “soplen” al oído. Hay tareas pendientes.
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