OPINIÓN | Ántero Flores-Aráoz: Odebrecht glotón

En nuestro sistema judicial penal, al igual que en otros países, se recurre a lo que se llama “colaboración eficaz” o como en Brasil “delación premiada”.

A la institución jurídica mencionada, se recurre cuando las autoridades del Ministerio Público y/o del Poder Judicial se sienten impotentes para ubicar a autores materiales e intelectuales de delito y poderlos procesar ante los tribunales.

Cuando sucede lo antes mencionado, pero se sabe que existen algunas personas que están involucradas en los hechos delictuosos, se les ofrece por su colaboración para ubicar a los responsables, beneficios sea de inimputación o de reducción de penas.

Esto es lo que viene sucediendo con los hechos de grave corrupción perpetrados por funcionarios de las empresas del Grupo Odebrecht, a las que se les ha ofrecido los beneficios señalados, a cambio que identifiquen a sus socios corruptos residentes en el Perú o compañeros de fechorías, para que se los pueda procesar.

Como quiera que los actos de corrupción a los que nos hemos referido tienen como actores principales a personas que no residen en el Perú o han dejado de residir en nuestro país y, que en Brasil han recibido garantías de protección jurídica para que no terminen sus días en prisión, sería prácticamente imposible que sean traídos al Perú para su juzgamiento, por lo cual resulta lógico entrar en un acuerdo con ellos para que “echen” a sus cómplices nacionales.

Ahora bien, como los actos delictuosos han sido cometidos en calidad de representantes de empresas que son personas jurídicas, las empresas tienen responsabilidades de índole económica, por lo cual, en los acuerdos de colaboración eficaz, el Estado Peruano debería cuidar que se le restituya lo que se pagó demás por las obras contratadas, para que con ese plus se pudiera corromper a funcionarios peruanos.

Pero adicionalmente a la restitución de lo que pagamos demás por lo que valía menos, el Estado del Perú sufrió daños, como por ejemplo con el indebido mayor precio bien se pudieron construir escuelas, postas médicas, albergues para damas y familias violentadas, y además el daño moral por estar como país inmerso en la inmundicia.

Para establecer el importe pagado en demasía por el Perú por obras hechas o en ejecución por Odebrecht, es indispensable hacer valorizaciones técnicas, y también calcular técnicamente el valor monetario del resarcimiento de daños. Insistimos valorizar lo que se nos debe restituir y valorizar también los daños infligidos. Nada de esto se ha hecho.

En el acuerdo de colaboración eficaz, que es de público conocimiento, no se ha convenido ninguna restitución, sino solamente una indemnización o reparación de daños insatisfactoria, a pagarse a largo plazo y sin intereses, cuando bien se hubiera podido retener precio de los bienes de Odebrecht en el Perú de los cuales se está deshaciendo.

Como vemos, Odebrecht padece de gula, es glotón, se ha comido hasta con zapatos a autoridades de la Procuraduría y del Ministerio Público, que suscribieron un acuerdo incompleto, que es lesivo al interés nacional.