30/10/2020 / Exitosa Noticias / Columnistas / Actualizado al 09/01/2023
Los procuradores públicos son abogados que defienden los intereses del Estado y no del gobierno de turno, e inclusive deben denunciar a funcionarios del gobierno cuando existan indicios de que estos hayan cometido actos de corrupción u otros delitos en agravio del Estado.
Sin embargo, lejos de fortalecer el Sistema de Defensa Jurídica del Estado manteniendo la facultad de los procuradores públicos de poder formular denuncias penales contra altos funcionarios del Estado, como el presidente de la República, congresistas, ministros, jueces y fiscales supremos, en noviembre del año pasado el Ejecutivo creó la Procuraduría General del Estado (PGE) y eliminó dicha facultad de los procuradores públicos otorgándosela de manera exclusiva al Procurador General del Estado, Daniel Soria Alarcón, nombrado por el presidente Martín Vizcarra en enero de 2020.
¿Este recorte de competencias de los procuradores públicos, entre ellos el Procurador Público Anticorrupción, obedece al temor e incomodidad de los gobernantes de turno ante las denuncias que procuradoras y procuradores, autónomos e independientes, formularon en defensa del Estado contra presidentes de la República como Alejandro Toledo (caso Ecoteva), Alan García (caso Línea del Metro) y Pedro Pablo Kuczynski (caso Lava Jato)?
¿Habrá causado incomodidad las denuncias de procuradores públicos contra Bruno Giufra o Martín Vizcarra, cuando eran ministros del MTC, por la compra de votos para evitar la vacancia de PPK y la construcción del aeropuerto Chinchero, respectivamente; y contra los congresistas Kenji Fujimori y “Avengers”, Héctor Becerril y Miguel Torres por tráfico de influencias?
La autonomía funcional de la PGE no estará garantizada mientras siga siendo un ente adscrito al Ministerio de Justicia, el procurador general del Estado sea nombrado por el presidente de la República a propuesta del ministro de Justicia y el consejo directivo, como órgano máximo de decisión, se encuentre conformado por un miembro de dicho ministerio.
¿La solicitud del procurador anticorrupción Amado Enco para que la Fiscalía amplíe la investigación por las presuntas irregularidades en la compra de pruebas rápidas contra Vizcarra, la ministra de Economía María Antonieta Alva y los exministros de Salud Elizabeth Hinostroza y Víctor Zamora, por la presunta comisión del delito de colusión agravada, que puede ser sancionado hasta con 15 años de cárcel, habrá sido la principal razón para haberle quitado a Enco la competencia en las investigaciones contra Vizcarra por presunta corrupción en las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua?
Al respecto, el procurador general Soria repite hasta el hartazgo que la Procuraduría defiende los intereses del Estado y no del gobierno de turno; sin embargo, no solicitó a la Fiscal de la Nación abrir investigación preliminar contra Vizcarra por las irregularidades en la contratación de Richard Cisneros en el MINCUL y en la adquisición de pruebas rápidas. Vizcarra solo se está apersonando a las investigaciones.
Esta inacción del Procurador General no garantiza la defensa jurídica de los intereses del Estado, por lo que su nombramiento debería ser realizado por un órgano autónomo e independiente del Poder Ejecutivo, tal como el Congreso o la Junta Nacional de Justicia, a través de un concurso público de méritos, que garantice la meritocracia dentro de la administración pública y la transparencia en el proceso.
