OPINIÓN | Mario Amoretti Pachas: "Se nos viene más inflación en corrupción y en legislación penal"

Con gran estupor verificamos cómo se incrementan los casos de corrupción, pero selectivamente y como siempre algunos de ellos quedan impunes, que la justicia sea igual para todos, no de manera exclusiva para los opositores al gobierno de turno, no se repita lo que ha sucedido en años anteriores; y luego, la justicia se la aplican a los que dejaron de serlo, parece que no queremos aprender de las épocas pasadas, que nos deben de servir de ejemplo, para denunciar, investigar y sancionar a los que han delinquido, pero respetando el debido proceso y mucho menos vulnerar los derechos fundamentales.

Es increíble cómo ofrecen a sus electores “pena de muerte” a los corruptos. No defendemos a estos que han usufructuado de nuestro sino que dicha pena es un imposible jurídico. Lo manifestamos en décadas anteriores y la mayoría de penalistas que jurídicamente, no procede aplicarla en nuestro país, nos tildaban de defensores de violadores, etc.; y en la época de Velazco Alvarado “por presión de la opinión pública” se tuvo que derogar, pues el “pueblo” sostenía que se había condenado a dicha pena a “pobrecitos inocentes” y, en efecto, algunos de ellos lo fueron, motivo por el cual al haber dejado de aplicarla ya no se puede volver a legislar, porque pertenecemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, salvo el caso que renunciemos expresamente a pertenecer a dicha entidad internacional.

Se pretende justificar este retiro. Antes el gobierno de Fujimori consultó a la CIDH, para condenar a pena de muerte a los terroristas, solicitando un retiro parcial y le dijeron que no cabe retirarse parcialmente, sino en forma total. De haber sucedido, cuántas personas o familiares no hubieran encontrado justicia que le fue negada en nuestro país, motivo por el cual se tuvo que recurrir a la CIDH, que en algunos casos se excedieron, pero si nos retiramos, estaríamos a merced de abusos por parte del gobierno de turno y ello no lo podemos permitir.

Que no recurran a modificaciones del Código Penal, Procesal Penal y Penitenciario, pues desde que se promulgaron dichos cuerpos de leyes, se han verificado más de 700 modificaciones, carente de técnica jurídica, contradictorias e incoherentes con las que fueron elaboradas por especialistas, ya nos anuncian incremento de pena, prolongar la prisión preventiva y la prohibición de otorgamientos de beneficios penitenciarios, para decirles a sus electores estamos en contra de los corruptos, no solamente hay que decirlo, sino demostrar que no lo son.