OPINIÓN | Mario Amoretti: "Urgente, necesitamos seguridad ciudadana y seguridad jurídica"

En estas últimas semanas, el país se ha visto convulsionados con protestas en las calles, entorpecimiento a los servicios públicos, daños a la propiedad pública y privada, utilización de artefactos pirotécnicos, resistencia a la autoridad policial, hurtos agravados, exposición a peligro; recordando a Martínez Morosini “aquí no pasa nada”. En las últimas décadas y en la actualidad, recurren a actos violentistas, como toma o bloqueo de carreteras, para reclamar diálogo con las más altas autoridades del país, pedidos que no deben admitirse, es inaceptable que se recurra a la comisión de actos delictivos para exigir se cumplan con sus pretensiones. Es el caso, que se han acreditado con videos, audios, etc. que corroboran actos delictivos de algunos “participantes” en manifestaciones, que pretenden el Ejecutivo y Fiscalía responsabilizar a la Policía.

La Constitución es muy clara y terminante, que los derechos de uno terminan donde empieza el derecho de terceros, no podemos aceptar que, por muy justos que sean los reclamos y que ha existido omisión de parte de las autoridades en resolver sus pedidos, tengan que recurrir a ejecutar actos delictivos para ser atendidos; nos preocupa que la Fiscalía no disponga una investigación sobre los delitos que practican impunemente, así contra los incitadores, los que usan artefactos pirotécnicos o armas artesanales o provocan o agreden a la policía o utilizan a menores de edad para cometer actos que atentan contra la vida y el patrimonio de las personas, sin comprender a los autores mediatos, es decir, los ciudadanos comunes y corrientes nos encontramos completamente desprotegidos ante la impunidad que gozan algunos delincuentes.

Los delitos violentos se incrementan por decisiones gubernamentales, violando la Constitución y normas legales para disponer el pase a retiro a generales de la policía, para nombrar comandante general de la Policía Nacional a quien estaba en el puesto 18, bajo pretextos anteriores, “una supuesta reforma policial”, en realidad es para colocar a gente de su entorno, vulnerándose la seguridad jurídica, precisado por el Defensor del Pueblo, constitucionalistas y sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional. Los policías, para evitar ser procesados y que se le tilde de “asesinos”, tal como sucedió con los militares y policías que combatieron al terrorismo, recordemos cómo los 142 integrantes del Comando “Chavín de Huántar” fueron denunciados por famosas ONG como supuestos asesinos de tres miembros del MRTA, víspera de un paro agrario en el gobierno de Toledo - casualidad-; y, juzgado dispuso la detención de todos ellos. El general de División (r) Augusto Jaime Patiño, jefe de dicho operativo, fue el único detenido y el juzgado dispuso su internamiento en los calabozos de los terroristas, vulnerando la ley procesal y el fiscal iba, en la mañana y en la tarde, para verificar si estaba en los calabozos, como siempre la política creando cortinas de humo.