Colectiveros amenazan con segunda paralización

Cero autocrítica. Representantes de los conductores que realizan el servicio ilegal de taxi colectivo pidieron perdón por los actos de vandalismo registrados en la marcha del último lunes, aunque deslindaron toda responsabilidad. Anunciaron que de no ser escuchados, acatarán una segunda paralización.

“Si la autoridad no respeta nuestro derecho al trabajo, nos vamos al segundo paro a nivel nacional”, declaró ayer el secretario general de la Federación Nacional de Colectiveros del Perú, William Gamboa. En cuanto a la fecha, explicó que será determinada por un acuerdo con los otros gremios de los colectiveros.

No querían violencia

Consultados sobre el pinchado y quema de llantas, ataques a buses repletos de pasajeros y otros actos de violencia ocurridos en numerosos puntos de la capital, admitió que las cosas se salieron de control. En este marco, aseguró que ellos convocaron a una marcha pacífica y esa fue la consigna -en las reuniones-, pero no sucedió así.

Hernán Mendieta, presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), apuntó como causa a la represión policial. “Nosotros no somos responsables de esa violencia. Yo estuve presente en la Plaza San Martín cuando la policía empezó a lanzar sus balas de goma y sus bombas lacrimógenas”, expresó.

Doscientos mil

Estimó que a nivel nacional operan 200 mil colectiveros, además de los trabajadores de otros rubros que efectúan ese servicio de manera esporádica cuando retornan a sus viviendas. En una postura más cerrada, Mendieta afirmó que la Autoridad del Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) tiene la obligación, por ley, de formalizarlos.

“Yo le pido y solicito (a María Jara, presidenta de la ATU) que recapacite. No podemos controlar a la gente; su indignación”, advirtió. Por su parte, Gamboa se pronunció sobre la propuesta de Jara -de comprar microbuses- y opinó que antes de hacer un cambio en el sistema, primero se debe llegar a un diálogo.

Lanzan propuesta

En un comunicado, la Defensoría del Pueblo pidió a la ATU, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y las municipalidades de Lima y Callao, agilizar la implementación del sistema de transporte urbano integrado. Ello debido a que a la fecha la demanda de los pasajeros supera a la capacidad de oferta formal.

Según revelaron, alrededor de 635 mil usuarios de la capital utilizan el taxi colectivo para acudir a trabajar o estudiar. “La erradicación de un servicio de trasporte informal o ilegal no desaparece ni suspende las necesidades de movilidad de la población”, explicó la Adjunta para los Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto.

Ante este panorama, la institución sugirió como alternativa que se autorice el servicio compartido en taxis formales por rutas fiscalizadas.

CONSECUENCIAS DE UN PROCESO INCONCLUSO

El presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, sostuvo que las violentas protestas son consecuencia de un proceso que no ha concluido y es competencia de la Autoridad del Transporte Urbano de Lima y Callao: la implementación del sistema integrado del transporte.

“Los cinco corredores complementarios que ya operan lo hacen con menos de 800 buses y se requieren 5,000 buses. Es urgente convocar la licitación de las rutas de aproximación, para lo cual se requieren entre 12,000 y 14,000 buses, todos mayores de nueve metros. Esto debe darse en paralelo con el retiro de 28,000 combis y cúster", manifestó.

Bajo este nuevo esquema, cada bus de 18 metros de largo reemplazará a 10 combis y un bus de 12 metros hará lo propio con ocho o nueve combis o 20 autos. Por ello, consideró prioritario que aceleren la licitación de las rutas pendientes en servicios de transporte como los corredores y el Metropolitano.