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Exautoridades afrontarán nuevo pedido de prisión

Exalcaldes, exregidores y dirigente son acusados de tráfico de terrenos. Poder Judicial fija fecha y hora para audiencias.

TRAFDICO-DE-TERRENOS
TRAFDICO DE TERRENOS

12/06/2019 / Exitosa Noticias / Edic. impresa / Actualizado al 09/01/2023

Por: Juan Carlos

Calderón

Dos exalcaldes provinciales, ocho exregidores y un dirigente vuelven al Poder Judicial para afrontar una nueva audiencia de prisión preventiva por el presunto delito de cohecho pasivo propio y alternativamente colusión, por la venta irregular de terrenos municipales.

Se trata de los exburgomaestres Luis Torres Robledo y Jorge Infantas Franco. Asimismo, los exregidores Pascual Chucuya, Julia Benavides, Patricia Quispe, Lizandro Cutipa, Santiago Villafuerte, Alfonso Ramírez, José Durand y Luis Chavarría. Además, el presidente de la Asociación de Vivienda Los Chaskis, Alfredo Chamorro Zevallos.

Todos ellos fueron encarcelados a fines de 2018, al estar presuntamente involucrados en la venta directa de 19,3 hectáreas de terreno a favor de la asociación Los Chaskis. Por decisión de la Sala Penal de Apelaciones y debido a los errores advertidos en el requerimiento del Ministerio Público, los 11 investigados salieron en libertad a inicios del presente año.

Sin embargo, la fiscal Naydú Lazo Cuadros ha planteado un nuevo requerimiento de 36 meses de cárcel, al encontrar nuevos indicios que involucran a las exautoridades en el presunto tráfico de tierras.

Fechas y horas

Por tratarse de un caso emblemático en Tacna, el Poder Judicial ha fijado tres días de audiencia, que empieza este miércoles y culmina el viernes. Las diligencias se desarrollarán incluso en doble horario, desde las 9 hasta las 12 horas, y desde las 15 hasta 17 horas. ?

Nuevo juzgado

La decisión sobre este pedido de la Fiscalía Anticorrupción ya no estará a cargo del juez Yuri Maquera Rivera, sino de la magistrada Sonia Marín Valdivia, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria. Especialistas consideran que las exautoridades podrían volver a prisión pero no por 36 meses, pues no se ha probado su vinculación con una organización criminal.