OPINIÓN | Luis Angeles Laynes: Revés judicial del presidente

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada la tutela de derechos que presentó el presidente Pedro Castillo Terrores para que se deje sin efecto la investigación preliminar que le abrió el aún interino fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.

De esta manera, desestimó el argumento de la defensa técnica del mandatario para que no lo investiguen por una presunta violación a los principios constitucionales de legalidad procesal y al principio de seguridad jurídica. Castillo Terrones ha reiterado en los últimos días, desde antes de declarar ante el fiscal Sánchez, que se allanará a todas las investigaciones y acudirá a todas las citaciones, por ello dijo que recibirá el lunes a la comisión de Fiscalización del Congreso que le cambió su condición de testigo por investigado.

Si es coherente con lo anunciado, el mandatario debe acatar la decisión del juzgado supremo y no apelar a otras instancias. Por la transparencia, por el bien del país y de él mismo, debería desistir de apelaciones y someterse a las investigaciones, que determinarán si es inocente como él alega de los cargos que le imputan.

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Y con ese propósito, es importante también que la Policía Nacional capture a los implicados en esos mismos casos, el exministro de Transportes, Juan Silva, el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y Fray Vásquez, sobrino del jefe de Estado, quienes están prófugos de la justicia.

Los últimos audios difundidos no solo comprometen a los personajes que no son habidos, sino al mismo mandatario. El país necesita que se sepa la verdad cuanto antes y la nueva Fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides, ha adelantado que continuará con el trabajo empezado por Pablo Sánchez. En buena hora.

Sin embargo, poco después de conocerse el fallo, Benji Espinoza, abogado del presidente Castillo anunció que apelará ante la instancia superior. Ya lo había adelantado desde un inicio, que recurrirá hasta el Tribunal Constitucional para impedir la investigación. Es difícil pensar que el jefe de Estado no esté al tanto de lo que hará su abogado, y de ser así él estaría detrás de los intentos de eludir a la justicia.

Esto no le hace bien al presidente. Ya constitucionalistas y juristas han opinado que la Constitución no prohíbe investigarlo durante el ejercicio de su mandato, solo no permite acusarlo. Sería lamentable que pierda otra vez en las siguientes instancias a las que recurra y peor que finalmente se demuestre que es culpable de los que se le investiga. El que nada debe, nada teme, señor jefe de Estado. Aunque por estas acciones, parece que sí teme.

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