Fernando Castañeda: “Decreto de indultos a internos es para sentenciados, no de procesados”

Que el virus se propaga con la concentración de gente, lo sabemos todos. Y que, entonces, todo puede ser más difícil en nuestras congestionadas

cárceles, no es difícil de deducir. Ante ello, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, dice que prefiere actuar y no lamentar.

En diálogo con Diario Exitosa explicó los detalles del Decreto Supremo que indultará a internos en calidad de vulnerables, pero admitió que la

crisis hizo ver la necesidad de modernizar, cuanto antes, el sistema carcelario.

-¿Qué permite este decreto y quiénes se acogerán?

Los evaluados para el indulto son madres que viven en el penal con niños menores de tres años, las madres gestantes, los adultos mayores de 60 años

con delitos no graves, los enfermos cuya vida esté en riesgo y los internos que estén por salir en los seis próximos meses.

-Es decir, nadie que tenga delitos graves puede acceder.

No estarán comprendidos quienes cumplan condena por delitos graves como corrupción, terrorismo, feminicidios, sicariato, marcas, traficantes.

-Entonces, ¿el caso de Alberto Fujimori no procede?

En el caso de Fujimori ya la comisión valorará. Está sentenciado, tiene más de 60 años, pero se deberá revisar su sentencia y ver si los delitos que lo llevaron a prisión no se contravienen con los que detalla el decreto.

-Quienes insisten en que tienen vulnerabilidad son Keiko Fujimori y Susana Villarán.

Hay que aclarar que el decretove casos de sentenciados, no de procesados. Sobre Keiko y Villarán debe decidir el Ministerio Público. Yo exhorto a los jueces a revisar bien los mecanismos que la ley les atribuye y si amerita, por enfermedad o condición de vulnerable, reconvenirlas a un proceso domiciliario.

-¿Qué cantidad de internos podría ser indultada?

Son unos 3 mil internos cuyos casos serán evaluados. El Poder Judicial nos dirá si tienen mandato de detención o antecedentes

criminales. Habrá una exhaustiva evaluación.

-Pero se supone habrá celeridad.

Esto es inmediato, no podemos esperar. En siete días debe salir el primer grupo de internas que son madres y viven con sus niños en prisión.

Ya depende de la celeridad del Poder Judicial y de los funcionarios del INPE.

-¿Qué número hay de presos contagiados?

Hay cerca de 500 presos contagiados con COVID-19. Y seguimos con el tema de las pruebas. Hasta ahora hemos hecho 1,059 pruebas rápidas.

Pero, sin duda, es insuficiente. Hemos pedido 13 mil pruebas y estamos a la espera.

Sabemos de la necesidad de todos los sectores, pero aguardamos el pedido también de manera urgente.

-¿Y en cuántos penales hay casos positivos?

En el país hay 68 penales. En 58 de ellos los médicos no nos han hecho reportes de casos de contagio. En 10 penales sí ha habido casos positivos. Se

les aíslo y son atendidos. Pero hay tres penales que nos preocupan mucho.

Los de Callao, Cañete y Chimbote. Felizmente, tenemos focalizados los contagios. Lamentablemente, ha habido 13 fallecidos y tenemos 19 hospitalizados.

-El tema del hacinamiento debe complicar todo.

Es evidente. Hay casi 97 mil internos en el país. Los médicos hacen observación diaria. Si hay casos con síntomas, se les aísla de inmediato. Es un tema muy complejo, hablamos de un virus altamente contagioso, es una emergencia nacional, hay poco personal y encima hay bajas.

Esto es una guerra, una situación extrema que se agrava, porque las deficiencias vienen de mucho antes. Yo tengo dos meses en el cargo. Esta es una situación imprevista para todos, no solo para el INPE.

-Igual, ¿no se pudo prever el tema del contagio acelerado?

Pero hicimos control desde el comienzo de la emergencia sanitaria. Cero visitas. Aun así, el mismo personal y agentes

del INPE llegan de afuera y entra el contagio.

-La crisis siempre desnuda las falencias.

Si, se requiere reformar toda la estructura de salud del sistema penitenciario y hacer lo mismo con todo el sistema de interconexión y comunicación

del INPE. En realidad, hay que refundar todo el sistema penitenciario. Hay que modernizarlo.

-¿Y qué propone en lo legislativo?

El Congreso debe hacer una reflexión sobre la ponderación de las penas. Hay 97 mil internos. El Congreso aprobó penas muy elevadas. Hay

que revisar esa legislación y no incrementar la población penal.