11/11/2021 / Exitosa Noticias / Columnistas / Actualizado al 09/01/2023
Las reformas tributarias previstas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tienen objetivo a los más de 10 millones de contribuyentes en el mundo formal. Convendría mencionar que, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 0.15% (15 mil empresas) aporta más del 80% del impuesto a la renta y genera el 58% del empleo formal. Entonces, aproximadamente 22% de la población económicamente activa (PEA) es la que paga el impuesto a la renta. 13 millones de ciudadanos están por tanto fuera del sistema de recaudación del Estado. Esto significa que los impuestos van dirigidos a una población fiscal conocida, sin necesariamente ampliar la base recaudatoria. Sobre esto, el economista Arthur Laffer planteaba que “demasiados impuestos matan al impuesto”, lo cual contribuiría a un desánimo de los agentes económicos, al no tener mayor motivación para trabajar o invertir más debido a la excesiva imposición. Otra de las consecuencias es que se ahondaría tanto la elusión como la evasión fiscal, que ya es de 50% para el impuesto a la renta y de 30% para el IGV.
Con los sectores de la economía saliendo del impacto financiero de la pandemia, es de prever que los índices de recaudación sean modestos. Esto pese a las proyecciones, según Pedro Francke, de aumentar la recaudación en S/12,000 millones anuales. Sin embargo, una vez recaudados estos fondos deberán ser invertidos y es allí donde aún hay reformas por hacer.
El mismo MEF en su Seguimiento de la Ejecución Presupuestal indica que a la fecha solo 69.3% de avance. Esta cifra esconde la realidad de algunas regiones las cuales no sobrepasan el 40% de su presupuesto 2021 en inversiones. Esto implica que su población recibirá menos obras de infraestructura y equipamiento. Peor aún, aquellas regiones con alto ingreso por canon minero son las que tienen un menor gasto de su presupuesto de inversiones como por ejemplo Puno (29%), Cajamarca (31%), Tumbes (33%), Junín (36%), Pasco (38%) o Ancash (39%). Gran parte de esta ausencia en la ejecución se pierde en la corrupción según la Contraloría y su “Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú” (2020). Si además sumamos la impericia de aquellos que dirigen las regiones, lo cual genera pérdidas importantes al erario nacional, pero sobre todo a la confianza del ciudadano en sus autoridades, concluiremos que es necesaria una reforma integral y mucho más ambiciosa si queremos realmente avanzar hacia un Estado eficiente en el uso de sus recursos.
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