26/12/2018 / Exitosa Noticias / Columnistas / Actualizado al 09/01/2023
Las declaraciones que Jorge Simoes Barata debe brindar a los fiscales peruanos a partir del 14 de enero próximo, ha generado mucha expectativa y debe tener preocupados a expresidentes de la República y exfuncionarios de gobierno, pues se estima que a partir de esa fecha el exrepresentante de Odebrecht en el Perú no solo debe corroborar lo que ya dijo sobre el pago de coimas para la adjudicación de obras, sino que ahora entregará pruebas de sus afirmaciones.
Ayer, con motivo de la Navidad, el cardenal Pedro Barreto dijo que mucha gente en el Perú está desestabilizándose por las próximas declaraciones que brindará Barata en Brasil a nuestros fiscales del Equipo Especial Lava Jato en el marco del acuerdo suscrito con Odebrecht.
No cabe duda que Barreto se refiere a quienes se encuentran en esa situación, como los expresidentes Alan García Ollanta Humala, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski, que están en el país, así como Alejandro Toledo, prófugo en los Estados Unidos y en proceso de extradición, que puede apurarse dependiendo de las pruebas que presente el brasileño.
Según el acuerdo de beneficios y colaboración eficaz, Barata y otros exejecutivos de la constructora brasileña deben entregar, sin condición alguna, información y documentos relevantes sobre el pago de coimas a funcionarios peruanos de todos los niveles.
Se dice que entre el 14 y 18 de enero, Barata también declarará sobre aportes de campaña electoral y en este caso también se incluiría a Keiko Fujimori, quien espera se resuelva su apelación a la prisión preventiva de 36 meses que cumple en el penal anexo de Chorrillos.
El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, ha declarado que el acuerdo permitirá además la entrega de documentos de los servidores My Web Day y Drousys, del Departamento de Operaciones Estructuradas (la famosa Caja 2), donde existiría información sobre el pago de coimas, y que hoy está bajo custodia del Ministerio Público de Brasil. Por ello la preocupación de los involucrados, y a ello atribuyen la solicitud de asilo político del expresidente García, que le fue negada por Uruguay, porque el caso que se le sigue es de corrupción, que debe ser resuelto por la justicia.
Mucho se habla de este acuerdo y del monto de reparación civil (610 millones de soles) que debe pagar Odebrecht por los daños causados por sus corruptas acciones en nuestro país. Algunos lo consideran una burla e irrisoria la suma, sin embargo, otros valoran más la calidad de información que brinden Barata y otros exejecutivos, porque pueden mandar rápidamente a la cárcel a todos los involucrados en casos de corrupción. De ser así, valdría la pena el acuerdo, ¿o no?
