Déficit estructural
27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/08/2026
La declaratoria de emergencia nacional en infraestructura educativa ha puesto en evidencia la magnitud del problema que enfrenta el país. Según el exviceministro de Gestión Pedagógica, Guillermo Molinari, existen 8,600 colegios estatales que sufren un deterioro tan severo que "hay que derruirlos todos", pues representan un riesgo para la seguridad de los estudiantes.
La advertencia se suma al anuncio del Ejecutivo de construir 2,000 nuevas escuelas y refaccionar otras 3,000 en los próximos cinco años, un plan que, aunque ambicioso, se enfrenta a la necesidad de priorizar por dónde empezar.
Riesgos y cifras
En diálogo con Exitosa, Molinari recordó que más de 27,000 colegios públicos presentan problemas físicos que comprometen la continuidad del servicio educativo. En ese universo, los 8,600 con deterioro masivo requieren demolición inmediata. El especialista subrayó que, frente al Fenómeno El Niño, la vulnerabilidad de estas infraestructuras se multiplica, exponiendo a miles de estudiantes a situaciones de riesgo.
Además, señaló que siete de cada diez escuelas carecen de algún tipo de servicio básico debido a que nunca se realizó el saneamiento de sus terrenos. Esta situación impide ejecutar obras de manera rápida y segura, por lo que Molinari planteó la necesidad de un saneamiento masivo coordinado con gobiernos regionales y municipalidades.
Gobierno planea construir 2 mil colegios
El Ejecutivo, a través del Pronied, ha anunciado que la estrategia combinará construcción modular para atender zonas de difícil acceso, como la Amazonía, con proyectos de largo plazo para renovar integralmente la infraestructura. La declaratoria de emergencia habilita medidas extraordinarias para acelerar intervenciones y coordinar con autoridades locales.
El plan busca anticiparse a fenómenos climáticos y garantizar ambientes seguros para los estudiantes. Sin embargo, la brecha es tan amplia que incluso con las 5,000 intervenciones previstas (2,000 nuevas construcciones y 3,000 refacciones), el déficit estructural seguirá siendo considerable.
Molinari advirtió además que, en casos de huaicos o inundaciones, la población suele acudir a los colegios como espacios abiertos de refugio. Pero al estar muchos en malas condiciones, estos locales podrían convertirse en un riesgo adicional. La emergencia, por tanto, no solo afecta la continuidad educativa, sino también la capacidad de respuesta comunitaria ante desastres naturales.
En ese sentido, la declaratoria de emergencia revela un panorama crítico: miles de colegios inseguros, un déficit histórico y un plan gubernamental que, aunque significativo, apenas cubriría una fracción del problema.
La advertencia de Molinari sobre las 8,600 escuelas que deben ser demolidas subraya la urgencia de priorizar acciones inmediatas y coordinar esfuerzos para garantizar que los estudiantes cuenten con espacios seguros y adecuados. La educación, más allá de ser un derecho, depende de condiciones materiales que hoy se encuentran seriamente comprometidas.
