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OPINIÓN | Eduardo González Viaña: Civilización o barbarie

No te pierdas la columna de Eduardo González Viaña.

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Exitosa Noticias Francisco Graña

31/08/2022 / Exitosa Noticias / Columnistas / Actualizado al 09/01/2023

Francisco Graña Garland fue asesinado a las 7:15 p.m. del 7 de enero de 1947 a unos metros del local de Sanitas, principal laboratorio farmacéutico del país. El asesino escapó en un auto Buick verde.

El crimen resultaría luego pretexto para el golpe de Estado que derribaría al presidente Bustamante y Rivero e iniciaría la dictadura feroz de Manuel Odría.

Acabamos de presentar el libro de Alfredo Tello Salavarría quien recibió y purgó -junto a Héctor Pretell- 20 años de prisión por un crimen que no está probado que cometieran.

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El proceso fue maquinado y maquillado para lograr la proscripción del aprismo, entonces el mayor partido político del país, así como la persecución y cárcel por décadas de miles de sus seguidores.

Tres abogados - Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, César Bazán Naveda, Decano del Colegio de Abogados de Lima y quien escribe esta nota- presentamos el libro de Tello y ninguno de nosotros halló razón suficiente para esa condena. Veamos por qué.

Un testigo del atentado aseguró que el asesino era bajo, gordo y trigueño. No había otra prueba y era ofrecida por un testigo que “vio” la escena a 200 metros al comenzar la noche. Además, ninguno de los condenados era “bajo, gordo ni trigueño”.

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Sin embargo, el tribunal condenó y, en su último alegato, David Aguilar Cornejo, abogado de la parte civil, señaló que: “A lo largo del proceso, Alfredo Tello no ha probado ser inocente”.

En el mundo civilizado, nadie debe probar la inocencia. Lo que el juez debe probar con suficiencia es la culpabilidad del acusado.

Eso ha ocurrido todas las veces en que un poder Ejecutivo generalmente dictatorial se ha impuesto al juez y le ha dictado la sentencia.

Así ocurrió en el caso de Vallejo, Arguedas o Ciro Alegría, presos políticos, o en el de los condenados en la guerra interna del siglo pasado en que el presidente García a posteriori abolió los beneficios penitenciarios y un Congreso ignaro estableció la ley de muerte civil contra ellos luego de que hubieron cumplido su pena.

Esas previsiones se dan de patadas con el principio de que es nula la pena si no hay ley anterior que la establezca.

Quienes presentamos el libro hablamos en nombre de los viejos principios del Derecho que transformaron lo bárbaro en civilizado, y que en este como en cualquier tiempo preconizan democracia, reconciliación, amnistía y memoria.

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