OPINIÓN | Fermín Silva Cayatopa: inmunidad y no impunidad

Desde el 10 el abril, el Poder Ejecutivo presentó dentro del paquete de reformas, un proyecto sobre la inmunidad que modificaría el artículo 93 de la Constitución; con la finalidad que la Corte Suprema sea el órgano que autorice el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y que no sea facultad del Congreso.

La inmunidad busca asegurar la independencia del Parlamento, es la prerrogativa de la que gozan los legisladores, gracias a la cual no pueden ser procesados ni arrestados. Quiere decir que no se les puede detener, abrir un proceso penal, sin que exista un documento de la Comisión Permanente, desde el momento de su elección hasta un mes después que deja su cargo. La finalidad es proteger al congresista que esté perseguido políticamente.

Son más de 20 años que el Congreso no tiene una reforma sobre la inmunidad. Desde 1995 se han presentado 70 proyectos y solo han sido aprobados 5, pero ninguno modifica la Carta Magna.

Entre 1990 y 2019, el Poder Judicial envió 109 expedientes solicitando el levantamiento de inmunidad. De estos solo 10 procedieron. Para el actual Parlamento, el PJ ha presentado el pedido de inmunidad para ocho integrantes y solo han procedido tres.

Hoy cumple, Edwin Donayre, más de 30 días, prófugo de la justicia, luego que el Congreso decidiera levantarle la inmunidad, para que cumpla 5 años en la cárcel por el caso del robo de gasolina del EP. El pedido de la corte suprema llegó al Congreso en setiembre de 2018 y pasaron 231 días hasta que el pleno lo aprobara.

Los países que manejan el mismo sistema de inmunidad son: Ecuador, Costa Rica y México, sin embargo, según Datum, el 71% de los peruanos considera necesario eliminar la inmunidad, no quieren que sea utilizada como impunidad.

La comisión de alto nivel propone que la Corte Suprema sustituya la Comisión Permanente. La Corte Suprema como sucede en Chile, revisa si no hay contenido político, se levanta la inmunidad es procesado o arrestado, el Congreso ya no es juez y parte. En Colombia no gozan de inmunidad y sus procesos son vistos por el más alto tribunal de justicia, otros países que no gozan de inmunidad son Australia, Canadá y Reino Unido.

Estamos rumbo a cumplir 200 años como república, pero al no tener una democracia madura y fortalecida, es necesario mantener la inmunidad parlamentaria para las garantías sobre su labor, además no estamos libres que aparezca un Nicolás Maduro, pero esta inmunidad para que no se convierta en impunidad debe estar a cargo de un órgano autónomo ajeno a cálculos políticos, imparcial e independiente y aplicar lo mismo para fiscales y jueces. El pedido lo formularía el Poder Judicial al TC, se presenta al Congreso para que en un corto plazo responda, si hay o no móviles políticos, si no hay sustento se continúa con el proceso y/o arresto. Esta nueva atribución para el TC tendría que hacerse vía reforma constitucional.