OPINIÓN | Carlos Jaico: "A mayor jerarquía, mayor responsabilidad"

La gestión pública es compleja. Tan es así que los funcionarios públicos deben estar técnicamente formados y en constante capacitación para que su toma de decisiones sea la más óptima.

Asimismo, en su accionar deben tener en cuenta los valores y respetar los principios éticos, procurando que, tanto en el fondo como en la forma, sus decisiones confluyan al bien común. Sin embargo, la realidad nos enfrenta a los riesgos de la mala gestión.

Una de las características de esta mala gestión, es el abuso del poder; poder que el funcionario tiene por su cargo o que ejerce de manera mediata, a nombre de su superior jerárquico. Existe incluso el caso en el que, por ejemplo, colaboradores sin jerarquía alguna, dígase un locador de servicios o un asesor externo (funcionarios de facto), proceden a actos ajenos a su función.

En esta situación, el funcionario sobrepasará el marco de sus funciones y se comportará como un tirano, amenazando y chantajeando, presionando incluso a que los colaboradores adapten la ley para que allí encajen sus requerimientos. Esta situación es grave debido a que los colaboradores vivirán bajo el miedo constante, tetanizando sus acciones y anulando las coordinaciones. A partir de allí, quienes se identifiquen con este ilícito accionar, verán la puerta abierta para cometer actos de corrupción. También, esta es la entrada al clientelismo y a la corrupción de mayor escala, debido a que no existirá ningún control sobre el accionar del funcionario, el cual lo hace seguro del empoderamiento del que sí ostenta ese poder. Asimismo, este último no hará nada para desmentir esa impresión de poder que reflejan quienes lo acompañan. Este cúmulo de acciones hará que la función pública no cumpla con su objetivo de servir a la nación.

Esta situación tipifica ciertamente la usurpación de funciones, por prolongación ilícita en el ejercicio de un cargo, llevada a cabo por funcionarios de facto o particulares. En este orden de ideas, se debe considerar no solamente al usurpador que ejerce el poder de facto, sino también a quien le dio ese amplio poder para abusar. La responsabilidad del jefe jerárquico, aquel que ostenta el poder, debe ser analizada por no haber cumplido con el debido cuidado al momento de delegar poder. Porque quien delega poder sin limitarlo ni controlarlo, hace mal uso y vulnera el correcto ejercicio de la función pública. Es allí entonces donde debe focalizarse la primera gran responsabilidad, por haber terminado sirviendo sus propios intereses y los de sus empoderados, en detrimento del interés general de la sociedad.

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