Sin sanción del Parlamento
03/12/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 03/12/2025
El Pleno del Congreso de la República no logró aprobar la inhabilitación por diez años contra el exministro del Interior Willy Huerta, procesado junto al expresidente Pedro Castillo y la exministra Betssy Chávez por su participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
La votación final arrojó 44 votos a favor, 29 en contra y 8 abstenciones, resultado insuficiente para alcanzar los dos tercios requeridos por ley. Al no prosperar la propuesta, el expediente será enviado al archivo, cerrando así el proceso de sanción política contra los tres implicados.
Motivo de su inclusión en el caso
Huerta fue señalado por la acusación constitucional como uno de los responsables de respaldar las decisiones de Castillo durante el golpe de Estado. En su calidad de ministro del Interior, se le atribuyó haber facilitado la coordinación de acciones que vulneraban la separación de poderes y el orden democrático.
La Comisión Permanente lo incluyó en el informe final junto a Castillo y Chávez, acusándolos de infringir hasta 18 artículos de la Constitución.
Defensa en el Congreso
Durante el debate, Huerta negó cualquier participación en actos ilícitos y aseguró que nunca estuvo de acuerdo con las decisiones tomadas por Castillo.
"Nunca estuve de acuerdo con nada. (...) No he cometido ningún delito", afirmó ante el Pleno.
Insistió en que "demostrará su inocencia" y en que no existían pruebas que lo vincularan directamente con el intento de disolver el Parlamento. Su intervención buscó desmarcarse de las responsabilidades políticas atribuidas por la acusación.
Asimismo, sostuvo que la sanción de inhabilitación representaba un "doble castigo", dado que ya existe una sentencia judicial que lo condena junto a Castillo y Chávez por conspiración para la rebelión, con más de once años de prisión y dos años de inhabilitación.
Castillo y Chávez también se salvan
La votación también favoreció al expresidente Pedro Castillo y a la exministra Betssy Chávez, quienes evitaron la sanción política. Ambos ejercieron su derecho a la defensa: Castillo reapareció virtualmente desde el penal de Barbadillo, insistiendo en que solo "leyó el clamor del pueblo", mientras Chávez apeló a argumentos políticos a través de sus abogados.
Con el expediente archivado, Castillo, Chávez y Huerta mantienen únicamente las condenas judiciales ya dictadas, mientras el Congreso cierra un capítulo marcado por tensiones, defensas polémicas y un resultado que deja abierta la discusión sobre las responsabilidades políticas en uno de los episodios más críticos de la democracia peruana.
