Confusión en megaproyectos
05/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/02/2026
Este jueves se dio a conocer que el Perú había decidido resolver el contrato con Francia para la ejecución de proyectos estratégicos como la Nueva Carretera Central, la Vía Expresa Santa Rosa y el Puente Santa Rosa. La noticia generó alarma por el impacto que tendría en obras clave para la conectividad y el acceso al Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Provías desmiente oficio
Poco después, Provías Nacional emitió un comunicado oficial en el que desmintió dicha ruptura del acuerdo G2G con Francia. La entidad precisó que el convenio sigue vigente y que los proyectos continuarán según lo programado. Sin embargo, admitieron que sí se cursó una resolución al contrato de asistencia técnica con PMO Vías, lo que abrió un proceso de conversaciones con la empresa.
La reacción de PMO Vías
Antes de conocer la aclaración del Ministerio de Transportes, PMO Vías difundió un comunicado en el que denunció que la resolución era "unilateral y sorpresiva", sin sustento técnico ni jurídico.
La empresa sostuvo que dicha acción pretende responsabilizarla por hechos ocurridos en otros países y años antes de la firma del acuerdo, ajenos a sus operaciones en Perú. Además, advirtió que se reserva el derecho de acudir a instancias nacionales e internacionales para defender sus intereses, justo cuando las megaobras estaban a punto de adjudicarse.
La coexistencia de dos versiones opuestas —una oficial que asegura continuidad y otra empresarial que denuncia ruptura— refleja una falta de comunicación institucional que genera incertidumbre sobre el futuro de proyectos estratégicos. Mientras Provías busca transmitir calma, PMO Vías se posiciona en un tono confrontacional, anticipando un escenario de litigios.
Este choque de narrativas no solo afecta la percepción pública, sino que también pone en riesgo la credibilidad del modelo de acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G), que se presentaba como garantía de transparencia y eficiencia en la ejecución de megaproyectos.
El caso revela una crisis de comunicación y coordinación entre el Estado y sus socios internacionales. La contradicción entre Provías y PMO Vías no es un detalle menor: expone la fragilidad de los mecanismos de gestión de proyectos y la falta de claridad en la información oficial.
Más allá de quién tenga la razón jurídica, lo que está en juego es la confianza ciudadana en que el país puede ejecutar obras estratégicas sin caer en el ciclo de confusión, retrasos y disputas legales que históricamente han marcado la infraestructura nacional.
