20/02/2019 / Exitosa Noticias / Columnistas / Actualizado al 09/01/2023
La situación del congresista Héctor Becerril es muy delicada a la luz de la denuncia formulada por la empresaria Mirtha Gonzales, quien acusa al legislador fujimorista de haber recibido sobornos para intervenir a favor de la Constructora CRD Filial Perú, que ganó una licitación de obra en Chiclayo.
Ayer, las bancadas del Frente Amplio y Nuevo Perú presentaron sendas denuncias constitucionales contra el parlamentario de Fuerza Popular, pero estas podrían dilatarse y hasta no tener éxito de acuerdo a las declaraciones de sus compañeros de bancada, incluido el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, quien dijo que estas no tendrán prioridad en su grupo de trabajo.
Según Segura, la subcomisión que preside seguirá revisando las denuncias conforme al orden cronológico de ingreso, salvo que haya un acuerdo en la Junta de Portavoces. El discurso es el mismo desde cuando se solicitaba la revisión de las denuncias contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, es decir, hay más de 140 expedientes que se tienen que atender porque todos los ciudadanos quieren justicia.
Las dos agrupaciones sustentan sus denuncias en la presunta violación del principio constitucional de lucha contra la corrupción mencionado en los artículos 39 y 44 de la Constitución del Perú. Para Nuevo Perú, Becerril habría cometido también los delitos de organización criminal, colusión agravada, patrocinio ilegal y tráfico de influencias.
Pero desde las filas del fujimorismo, la defensa a su compañero de bancada ya se hace sentir. Si bien coinciden en que se debe investigar las denuncias, Alejandra Aramayo advierte que no permitirán que en estas haya “un sesgo de venganza política”, porque a su parecer hay otros parlamentarios acusados de actos de corrupción por obras y no reciben el mismo trato de Becerril.
El vocero naranja Carlos Tubino insiste en que se le debe investigar, pero manteniendo en todo momento el derecho constitucional que tiene todo ciudadano a la presunción de inocencia, y en eso estamos de acuerdo. Pero acto seguido expresa su rechazo rotundo a las denuncias presentadas ayer por los dos grupos de izquierda así como la que un día antes se formuló ante la Comisión de Ética.
Ayer señalábamos que ninguna persona, incluso el Presidente de la República, debe eximirse de una investigación y si aseguran que son inocentes de los cargos que se les imputa, esto quedará demostrado en el mismo proceso.
En el caso de Becerril, lo que se aprecia es que desde el fujimorismo buscarán protegerlo y dilatar el mayor tiempo posible la revisión de las denuncias. Ante ello, nos preguntamos: ¿no sería mejor que el Ministerio Público intervenga de oficio?
