28/02/2019 / Exitosa Noticias / Columnistas / Actualizado al 09/01/2023
Es lamentable que en nuestro país el Poder Judicial sea la institución más desprestigiada, superando incluso al Congreso de la República, que hasta hace pocos meses ocupaba esa posición. La reciente encuesta de la empresa CPI, elaborada en exclusiva para Exitosa, reveló que la institución que agrupa a los jueces tiene una desaprobación del 94.6%, mientras que el Parlamento Nacional cuenta con el 91.5% de rechazo popular.
Pero, paradójicamente, el personaje con la más alta popularidad, de acuerdo al mismo sondeo de opinión, es el juez Richard Concepción Carhuancho, con el 74.4% de aprobación, superando al presidente Martín Vizcarra, que se ubica ahora en un tercer lugar con el 56.6% de aceptación.
Y a qué se debe esta contradictoria situación. A que Concepción Carhuancho representa a la figura del juez implacable -y lamentablemente parece ser el único- que ha enviado a prisión a varios personajes implicados en la corrupción del caso Lava Jato, pero que por acción de otros magistrados hoy se encuentran libres y sin siquiera impedimento de salida del país, como los integrantes del 'Club de la Construcción', pese a que estos participaron de la mano con Odebrecht en el pago de coimas, de acuerdo a lo testimoniado por los exejecutivos de la constructora brasileña a los fiscales peruanos.
Lo grave del caso es que para la mayoría de los encuestados por CPI (45.4%), entre lo más negativo de la gestión del Poder Judicial es que los jueces son corruptos, mientras que el 7.9% es que sueltan a los delincuentes pese a que hay pruebas.
El ministro del Interior, Carlos Morán, ha planteado el arresto domiciliario para los investigados por la corrupción del caso Lava Jato, como una medida para evitar que se escapen de la justicia y no le carguen la responsabilidad de ello a la Policía Nacional.
La propuesta de Morán ha sido cuestionada porque interfiere con dos instituciones autónomas, pues el arresto domiciliario es una atribución del Ministerio Público pedirla y del Poder Judicial dictarla. Nosotros discrepamos con la sugerencia porque implicaría distraer un importante número de policías para custodiar a la cantidad de personajes envueltos en la corrupción de Odebrecht y el caso Lava Jato, cuando es prioridad enfrentar a la delincuencia en las calles.
Pero si de atribuciones se trata, el Poder Judicial debe entonces ponerse las pilas y hacer su trabajo, aplicar mano dura y por igual a todos los corruptos para que estos no se rían de la justicia y del país. Y en ello, el Ministerio Público también tiene su parte, para que se agilicen todos los casos, pues hay varios que siguen paralizados sabe Dios por qué. La justicia debe ser igual para todos.
